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Inmobiliarias catalanas deberán construir un 30% de pisos sociales

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España.- El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, expuso este lunes el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones que se hagan en cualquier barrio de la ciudad a destinar el 30% de los pisos a vivienda social en el marco de las inmobiliarias.

Hasta ahora solo estaban obligados a hacerlo en nuevos planeamientos. La nueva norma, que supondrá cambiar el Plan General Metropolitano (PGM), se aprobó en la Comisión municipal de Urbanismo con los 23 votos que suman el gobierno de BComú, ERC, PSC y la CUP. PDeCAT, Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron. El PP votó en contra.

El gobierno de BComú logró el a cambio de renunciar a suspender las licencias y a que la nueva normativa se aplicara desde el domingo pasado, como pretendía pero rechazaban los grupos de ERC y el PSC.

Así, las nuevas reglas del juego no serán vigentes hasta su aprobación definitiva tras pasar por el pleno del Ayuntamiento (en otoño) y por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat (posteriormente). La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, afirmó que tienen dudas sobre la medida.

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Consecuencias para Barcelona y las inmobiliarias

Durante la comisión, el concejal de ERC Jordi Coronas alertó que paralizar las licencias provocaría demandas que retrasarán la aprobación definitiva de la medida.

Desde el PSC, Daniel Módol opinó que un freno de proyectos ensombrecería los precios bajo una postura especialmente relevante, sobre los puestos en peligro el empleo.

En tanto, Ciudadanos sentenció a Colau de no dialogar, además PDeCAT y PP cuestionaron la solidez jurídica de la medida y al Gobierno por no haber resuelto los problemas de vivienda y trasladar la responsabilidad a los privados.

Antes del debate, la alcaldesa compareció en la plaza de Sant Jaume junto a las entidades que a través de una moción presionaron para obligar a los promotores a “corresponsabilizarse” en la generación de un parque público de vivienda.

Finalmente, Colau destacó el acuerdo y aseguró que el cambio normativo permitirá “ganar unos 300 pisos sociales al año (en la ciudad se construyen un millar)”.

“Corresponsabilizará a quien ha logrado beneficios obscenos y no ha tenido ninguna responsabilidad sobre el dolor causado con la especulación”, finalizó.




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