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Intentaron incautar pruebas de tráfico de influencias en Perú

Asistieron a la sede de IDL-Reporteros, medio de comunicación que difundió grabaciones implicatorias

Perú.- Un fiscal intentó decomisar a IDL-Reporteros el material y documentos en los que revela un presunto tráfico de influencias en Perú, por parte de algunos jueces.

Gustavo Gorriti, director del medio de comunicación, hizo la denuncia este martes. El material demuestra prevaricación por parte de altos jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El periodista advirtió que el magistrado Rodrigo Rurush, fiscal adjunto de la fiscal anticorrupción, Norah Córdova, se presentó sin previo aviso en la sede del canal. El motivo era una diligencia de exhibición e incautación del material.

Tras la visita del fiscal, Gorriti explicó a los medios la intención de incautar sin autorización judicial el material de la investigación periodística. A su juicio esto “representaba una violación a los principios fundamentales de libertad de prensa”.

El periodista consideró que esta acción “tenía todos los visos de ser una acción coercitiva”. A su juicio, dado que todavía hay documentos pendientes de publicar que pueden empeorar la situación de los magistrados implicados.

“Si se trata de colaborar en la investigación, lo haremos de manera inmediata, siempre que esto no constituya un peligro para la reserva de fuentes… fundamental e inherente al periodismo de investigación”, dijo Gorriti.

Lea también: El proceso para destituir magistrados peruanos inició

Ante el escándalo que representa un posible caso de tráfico de influencias en Perú, la Fiscalía emitió en un comunicado. En la misiva, lamentan las “incomodidades surgidas” debido a una diligencia de exhibición de documentos, “la misma que fue suspendida por la falta de un documento que no pudo ser presentado”.

Tráfico de influencias en Perú: Conflicto entre la prensa, magistrados y jueces

La Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP) condenó en un comunicado cualquier tipo de presión de parte de las autoridades para incautar información obtenida por periodistas. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció estas acciones como un “atropello” que “lesiona el derecho a informar libremente”.

Las grabaciones de conversaciones telefónicas dejan claras negociaciones e intercambio de favores entre jueces y altos funcionarios de la magistratura. Estos van desde repartir puestos judiciales y fiscales hasta intervenir en procesos penales.

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