domingo, diciembre 5, 2021
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Juez Núñez abre pieza contra Zarrías, Guerrero y Lanzas

España- La cabeza del juzgado de instrucción 6 de Sevilla califica al ex consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, como posible responsable penal del reparto ilícito de sobrecomisiones con fondos públicos.

Se lo acusa de gestionar ayudas a empresas en un expediente de apertura de diligencias de una pieza separada de la causa matriz de los ERE, donde señala la existencia de presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se da la eventualidad de que Zarrías ya se encuentra procesado por un delito continuado de prevaricación en la causa política del caso, concentrada en el sistema de adjudicación de las subvenciones durante más de una década.

En el expediente dictado el miércoles pasado, Núñez objeta que pueden ser personalmente responsables otras 15 personas entre ex altos cargos, sindicalistas y empresarios, entre los que están el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el que consigue las ayudas y ex dirigente de UGT, Juan Lanzas, Ismael Serrano, uno de sus supuestos sustitutos, Juan Francisco Algarín, el especialista en leyes Carlos Leal Bonmati, mediadores como Jesús María Bordallo, de Vitalia y José González Mata, de Uniter, igualmente Antonio García Santoyo, ex secretario de política local del Partido Socialista Obrero de España en Baeza y el primer entrometido que ha aparecido en un ERE.

La estancia de las sobre comisiones investiga la determinación de la prima de la póliza y el porcentaje de comisión, de forma directa o indirecta, y también su reparto a pesar de todo ello posiblemente ilícito. Las sobre comisiones pudiera derivar del hecho que ha sido manifestado en el estudio de las pólizas de renta o de capital, no solamente en ayudas socio-laborales, sino también encubriendo ayudas directas a empresas, la cancelación de compromisos asumidos o de manera directa los pagos de deudas previas de compañías como los pagos a Dhul, que está vinculada a la familia Ruiz-Mateos, asegura la juez.

Núñez ha advertido que los importes de las primas canceladas por la Junta de Andalucía era muy superiores al precio del mercado de estas, debido a que era la cuantificación de la prima el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación posiblemente ilícita en la adjudicación de los fondos de la Junta de Andalucía.

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