Este jueves 17 de diciembre, los diputados de la Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió, concretaron el pedido de un juicio político contra Cristina Fernández de Kirchner, como adelantó la referente del espacio.
De este modo, acusan a la vicepresidenta de realizar “ataques al orden institucional y el sistema democrático” por lo que correspondería enjuiciarla por “mal desempeño” y la “comisión de delitos” en el ejercicio de sus funciones.
El texto de pedido de juicio político se basa en un supuesto plan organizado por Cristina Fernández de Kirchner en la que acusa a los jueces de la Corte Suprema de liderar el supuesto “lawfare” en Argentina.
“Promover juicio político contra la señora Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional”, cita el texto.
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El derecho de acusación
El artículo 53 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos”.
Los legisladores consideraron que existen “robustos argumentos para solicitar el inicio del procedimiento”; además, aseguran que la vicepresidenta desarrolló “un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
Los dirigentes del partido consideraron que hay un “plan orquestado” por Cristina Fernández de Kirchner, ejecutado por funcionarios vinculados a ella, “que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de sus ex funcionarios”.
El plan al que hacen referencia consta de siete puntos que se dio desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández: Desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores.
“Estas alteraciones institucionales configuran además un vacío de poder que atenta contra la autoridad del Presidente Alberto Fernández, lo que provoca una innumerable cantidad de problemas de gobernabilidad que afectan directamente la gestión de gobierno y el estado de la Nación”, manifestaron.
Finalmente, los diputados concluyen manifestando que “Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder“.
