Justicia cordobesa habilitó aplicación de protocolo para aborto no punible

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Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso extraordinario federal (REF) planteado por la asociación civil Portal de Belén para que la Corte Suprema revisara la sentencia dictada el año pasado, que habilitaba el protocolo del aborto no punible.

En ese sentido, Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero, vocales del TSJ, señalaron que esa entidad argentina no cumplió con los requisitos formales que regulan la admisibilidad de un recurso de tal trascendencia.

En este caso, la legislación argentina permite interrumpir la gestación de manera legal cuando deviene de una violación, pone en riesgo la salud o vida de la madre o del feto fuera del útero.

Durante diciembre de 2018, el Ministerio de Salud provincial dictó la Resolución 93/12 sobre los protocolos para practicar un aborto no punible, que el Portal de Belén pidió revisar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Córdoba garantiza el acceso a la salud de las mujeres

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, aseguró que “el sistema está en condiciones de garantizar el acceso a la salud de las mujeres que así lo soliciten, en cumplimiento del artículo 86 del Código Penal y del fallo de la Corte Suprema”. 

“Reconocerle legitimación a la asociación, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería admitir que la persona gestante podría obligársele a actuar contra el sentido de su propia vida”, explicaron los magistrados. 

De este modo, quedó sin efecto la cautelar que impedía la ejecución de la guía para atender a quienes demandaran la interrupción no punible del embarazo. 

El ministro provincial también señaló que “la persona gestante podrá hacer la consulta en cualquier centro“, podrá acceder al protocolo según el nivel de la práctica.

La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, refiere al instrumento elaborado en 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia, que vuelve a estar vigente después de un freno de siete años por recursos judiciales. Finalmente, se refirió a los casos de violaciones y estableció.

La declaración jurada hace innecesaria la participación de la Justicia. Es un derecho de la mujer que es receptado y documentado dentro del sistema de salud, como corresponde”, afirmó el ministro. En caso de que la persona gestante sea menor de edad, la declaración jurada debe firmarla la persona a cargo.




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