Después de que el juez Claudio Bonadio los condenara, la Cámara Federal de Casación Penal estudiará las prisiones preventivas de Cristina Fernández, Julio De Vido, otros exfuncionarios y también financieros en la causa de “los cuadernos”.
Cabe recordar, que a excepción de Cristina Fernández, quien cuenta con los fueros legislativos, el resto de los que solicitaron apelación espera en prisión la disposición del máximo tribunal penal federal. Por su lado, Bonadio solicitó de nuevo el tratamiento al Congreso del desafuero de la exmandataria.
Cuadernos de la corrupción: Casación revisará las prisiones preventivas de Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros ex funcionarios y empresarios https://t.co/bDH28UeMZa | Por Patricia Blanco pic.twitter.com/2nK2MBIXIp
— infobae (@infobae) January 14, 2019
“Casación deberá definirse sobre los recursos de las defensas” señalaron voceros judiciales a la prensa local.
El máximo tribunal penal asimismo se hablará acerca del caso de otros acusados en el expediente, como el exministro de Planificación Julio de Vido, ya arrestado. También resolverá la situación Gerardo Ferreyra, dueño de Eletroingeniería, único empresario en la cárcel.
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La Cámara no solo examinará la propuesta de Cristina Fernández
En segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal admitió los planteamientos que presentaron las defensas de la exmandataria, del exministro De Vido, y de su colaborador Roberto Baratta, que están en prisión preventiva.
La denominada Cámara Federal aceptó el pasado 11 de enero la solicitud de otros exfuncionarios implicados y detenidos de forma preventiva. Su situación procesal, sin embargo, quedó en mejor condición luego de que se les quitara la figura de la asociación ilícita.
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Paralelamente, el tribunal sí aceptó los recursos de varios financieros arrepentidos que admitieron haber pagado sobornos como representantes de Electroingeniería, Lecsa, Techint y Pescarmona, estos se procesaron como partícipes de cohecho.
Finalmente, hay que resaltar que tanto a la expresidenta como al exministro de Planificación, la “Justicia los investiga por ser presuntos líderes de una asociación ilícita que se dedicaría a cobrar coimas a empresarios a cambio de la licitación de la obra pública, durante el periodo 2003-2015”.
