La desigualdad legalizada

83

Acordamos el intercambio de la información financiera para terminar con la evasión fiscal, con los paraísos, con el dinero del crimen organizado, o de la corrupción en general. Hay acuerdo en cómo el mundo tiene que ir resolviendo los problemas de exclusión y pobreza. Hay un enorme compromiso del G20 en la lucha contra la corrupción, que es una de las causales de la pobreza”, expresó el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una entrevista para un medio argentino, hace dos semanas, durante la cumbre del G20 en Hangzhou, China.

Sus palabras sobre un compromiso asumido para el intercambio de información financiera que terminara con los llamados paraísos fiscales no pudieron evitar refrescarme la memoria sobre un hecho ya un poco olvidado meses atrás. En mayo de este año, el Presidente presentó su declaración jurada en la cual registró activos (una cuenta bancaria) por 18 millones de pesos en Bahamas.

Las Bahamas es un destacado “paraíso fiscal”, dados sus bajos niveles de tributación que impone a los personas físicas y jurídicas (empresas) extranjeras que decidan afincarse sin necesariamente producir en el país. Por consiguiente, este tipo de lugares son, en términos generales, especialmente atractivos para todo pudiente que desee proteger una acumulada fortuna de la recaudación impositiva de su Estado local. Sin embargo, hay que destacar algo muy particular en la medida en que hemos utilizado la terminología de “paraíso fiscal”.

[pullquote]Para la OCDE no es suficiente presentar ausencia o insignificancia de impuestos para ser un “paraíso fiscal”.[/pullquote]

En los últimos años, organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que establecen un estándar a partir de su actividad líder a nivel mundial en el control y lucha contra estas jurisdicciones que mantienen a resguardo evasores fiscales y dinero proveniente de actividades delictivas, comenzaron a modificar tanto la definición usada para referirse a estos lugares como los requisitos para poder calificarlos previamente. La OCDE utiliza categorías demasiado excluyentes para definir a un paraíso fiscal: 1) la jurisdicción no impone impuestos; 2) falta a la transparencia; 3) no intercambia información y 4) permite a los no residentes beneficios fiscales. Sumado a estos criterios de definición, la organización viene llevando un paulatino proceso de vaciamiento de su “lista negra” a partir de la transparencia y predisposición para el intercambio de información que muestre una jurisdicción. Si la jurisdicción se comporta de esta manera, puede salir de la lista simplemente ofreciendo información escasa o poco útil, sin llevar a cabo medidas efectivas sobre sus regímenes fiscales y financieros. Incluso, con establecer un par de acuerdos bilaterales con otros paraísos alcanza. Dadas estas facilidades, la “lista negra” de paraísos fiscales –llamados ahora “países no cooperantes”- se ha venido achicando hasta que en 2009 fue vaciada completamente.

Asimismo, la OCDE realiza una distinción poco eficiente entre su cerrada definición de paraíso fiscal por un lado y Regímenes Fiscales Preferenciales (RFP) por el otro. Un RFP se constituye en la medida que un país, haciendo uso de su soberanía fiscal, impulsa reducciones fiscales para atraer al capital extranjero o retener capital en general. Para la OCDE, los RFP son prácticas fiscales perjudiciales, pero no tanto como los paraísos fiscales. Pero el accionar de aquellos proporciona similarmente un beneficio para las principales empresas y fortunas, con una mayor capacidad de atracción en perjuicio de otros Estados, lo que fomenta a su vez una competencia fiscal peligrosa social y económicamente (competencia fiscal). Así, la diferenciación entre paraísos fiscales y RFP es impráctica y sesgada. Para la OCDE no es suficiente presentar ausencia o insignificancia de impuestos para ser un “paraíso fiscal”.

Estos criterios de definición poco inclusivos, imprecisos y sesgados, sumados a una focalización en las medidas alrededor de la transparencia y un intercambio de información poco riguroso (que nuestra AFIP viene copiando) cuya intención es combatir delitos de fraude fiscal o lavado – cuando no es limpiar la imagen de los países- han hecho su fracaso evidente a principios de año con el escándalo de los Panamá Papers. En ese caso, más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca fueron filtrados con información de las cuentas bancarias y datos encubiertos de 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.

Pero lo más preocupante es que el enfoque único hacia las prácticas criminales de los paraísos/RFPs pasa por alto la verdadera raíz de la problemática que radica en la propia conformación y existencia de los mismos en relación al sistema económico. Distinta de la evasión fiscal (fraude) es la elusión fiscal. Esta está amparada por la ley y es lo que vuelve realmente favorables para las grandes fortunas a  los paraísos/RFPs. Tanto las grandes empresas como los acaudalados se ven favorecidos a través de los servicios de asesoramiento y planificación fiscal que ofrecen las entidades financieras. Ponen a disposición sus conocimientos para la elusión, siendo habitual que las entidades posean filiales y sucursales en paraísos/RFP para aprovechar sus ventajas tributarias.

[pullquote]El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7.6 billones de dólares (más que el PBI del Reino Unido y Alemania juntos).[/pullquote]

Los efectos “naturales” de estas jurisdicciones han sido mejor ilustrados por organizaciones como Oxfam International. Oxfam es una organización activista que lucha contra la pobreza y a principio de año publicó un informe titulado “Una economía al servicio del 1%”. En el mismo detalla como actualmente el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Por otro lado, según el documento, el entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en ellos 7.6 billones de dólares (más que el PBI del Reino Unido y Alemania juntos). Un tercio de la fortuna de los africanos más ricos (500 mil millones de dólares) se encuentra en paraísos fiscales, lo que representa una pérdida de 14 mil millones de dólares al año en recaudación para los Estados. Una cantidad suficiente para cubrir la atención sanitaria que podría salvar la vida de 4 millones de niños y contratar el personal necesario para escolarizar a todos los niños de África.

En vista de este panorama, se vuelve necesario, en primer lugar, un cambio de enfoque en el combate contra los paraísos fiscales/RFP que contemple integralmente sus características, utilidades y funciones intrínsecas dentro de la estructura económica mundial clasista. Y por ende, sus efectos intrínsecos al beneficiar a una clase minoritaria en perjuicio de una mayoría cada vez más pauperizada. Allí donde la desigualdad es sostenida legalmente. Es un enfoque que debe ir más allá de un acuerdo multilateral de intercambio de información para la cacería de evasores y corruptos. Además, exige a los principales medios de comunicación una aproximación más rigurosa sobre esta problemática, que no deberían conformarse solamente con presentar a un jefe de Estado cual donante humanitario al repatriar millones desde las Bahamas. Así, es inevitable ser escépticos respecto a los discursos pronunciados por mandatarios, que hasta hace unos meses, mantenían recursos dentro de una de estas perniciosas jurisdicciones.



Estudiante de Comunicación Social - UBA Contacto: jandresmedina@hotmail.com


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *