La Fiscalía española acusará de rebelión a los políticos presos

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La Fiscalía española cerrará ya el escrito de acusación provisional de rebelión a los políticos presos. El documento tendrá que presentarlo ante la Sala de lo Penal, una vez cuando inicie el juicio contra los miembros del exGovern.

Todos se procesarán por su implicación en el denominado ‘procés’ independentista en Catalunya. La Fiscalía desde el principio del proceso, manejó el delito de rebelión .

En ese sentido, el vicepresidente primero del Parlamento y diputado de JxCat, Josep Costa, alertó que vienen “consecuencias”. Esto es, si la Fiscalía mantiene la acusación de delito de rebelión a los soberanistas procesados. Al mismo tiempo advirtió que así no puede haber un escenario de “diálogo y distensión” con el Gobierno.

Costa es defensor de los soberanistas procesados y aseguró que no cometieron el delito que les quieren imputar. En tal sentido, considera que la acusación sería una “línea roja que tendría muchas consecuencias y muy graves”. Pronostica una respuesta “muy contundente”.

De esta manera lo confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público. Aseguran, además que el cambio en directiva de la Fiscalía General, con la llegada de María José Segarra, no conllevó nuevas instrucciones para los cuatro fiscales que llevan el caso.

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Los 20 acusados de la Fiscalía española

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno mantendrán su informe que refiere 20 acusados. Todos exmiembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento de Cataluña.

El escrito que mostrará la Fiscalía no se dirigirá contra todos ellos, tras la huida del propio Puigdemont, cinco de sus exconsejeros y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel. De regresar a España serán juzgados en otro procedimiento diferente.

El artículo 472 del Código Penal es claro en reconocer los sujetos del delito de rebelión. Así que estos son algunos de los supuestos: Aquellas personas que se alcen “violenta y públicamente”, en caso de declarar la independencia de una parte del territorio nacional, suspender o modificar la Constitución, y despojar de sus facultades al Rey. Estos delitos se castigan con 15 a 25 años de prisión.




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