Montevideo.- El gobierno de Uruguay abrirá para finales de julio el registro de consumidores de marihuana, la cual será producida por privados bajo fiscalización pública, para su distribución en farmacias de todo el país, según informaron este miércoles varias fuentes oficiales.

Este registro representa una importante pieza para la implementación de la ley de Regulación del Cannabis que fue aprobada en el año 2013, además de permitir que los ciudadanos que deseen consumir marihuana legal, accedan a un máximo de 40 gramos de esta droga por mes.

La producción y distribución de la droga será controlada por el Estado.

En el marco de esta inédita iniciativa, un gran número de empresas privadas pasaron por un proceso de selección abierto, las cuales serán las encargadas de producir la marihuana en diversas instalaciones colocadas en predios públicos bajo la vigilancia del gobierno, para su posterior distribución en farmacias.

La marihuana ya “está siendo cosechada y secada”, informaron a la agencia de información AFP, varias fuentes del gobierno que pidieron el anonimato.

Este registro será habilitado para finales de mes, con el objetivo de tratar de cumplir con el plazo que fue estimado por el Poder Ejecutivo, de manera que comience lo antes posible la venta a los ciudadanos, la cual está prevista para mediados de agosto, expresaron los informantes.

Este mecanismo estará bajo la supervisión del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el cual permitirá que una persona que quiera acceder de manera regular y legal a dicha droga se inscriba y la adquiera en locales de venta al público.

La adquisición de esta mercancía se realizará mediante un sistema de huella dactilar, sin necesidad de presentar identificación alguna al vendedor.

Las fuentes también manifestaron que el número de registrados será de suma importancia para determinar los volúmenes de la droga que se pondrán a disposición del mercado.

En Uruguay el consumo de marihuana ya era legal al aprobarse la ley en 2013. Sin embargo, existía un vacío legal que dejaba en manos del juez el destino de las personas que cultivaban esta droga en sus hogares. Varios de estos ciudadanos fueron puestos bajo arresto por poseer varias plantas de marihuana para consumo propio.