martes, octubre 26, 2021
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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: las cuentas pendientes del gobierno kirchnerista

A seis años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522 – LSCA) y diez del kirchnerismo aquí se presenta algunos aspectos de una de las políticas de medios más importantes de los últimos tiempos. Una de las cuestiones es la guerra del gobierno y el Grupo Clarín la cual no es nueva; sin embargo otros actores se involucran para disputar un espacio en los medios de comunicación, ¿cómo sucede esto? La LSCA es uno de los motivos que enfrenta a ambas partes pero sin dejar de involucrar a otras. Esto da como resultado algunos aciertos pero también deudas con algunos sectores. A su vez, se vislumbran intereses que se juegan de cada parte. La batalla cultural empezó y está para quedarse.

La LSCA forma parte de una de las medidas del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la última década 2003-2014 en cuanto a la comunicación audiovisual. Vale recordar que el ex presidente fallecido Néstor Kirchner autorizó antes de dejar su mandato la unión entre Cablevisión y Multicanal, algo que podría estar en contradicción con lo que plantea la LSCA; esto se debe a que dicha ley plantea, entre otras cosas, la desconcentración de grupos mediáticos y monopolios, es decir, concibe limitaciones a la concentración de licencias: televisión por cable/abierta y radio. A su vez, quienes pueden dar este servicio -de comunicar- son aquellos de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener un acceso igualitario a las plataformas de transmisión.

Una de las cuestiones más importantes y llamativas de la LSCA es la inclusión del tercer sector, es decir, el sin fines de lucro -medios de organizaciones comunitarias y alternativas- como una voz más que se suma a las que ya había. Pero esta medida impulsada desde los sectores kirchneristas no favoreció a este sector dado que se respaldó y estimuló la estructura de medios de la concentración. Esto puede evidenciarse en la ayuda estatal y apoyo editorial entre el gobierno y algunos medios los cuales son condescendientes con su ideología. Por ejemplo, PPT Pensado para Televisión, productora fundada por Diego Gvirtz, ahora es también propiedad de Cristóbal López, de Índalo Media. El artículo 45 de la LSCA prohíbe que una misma empresa tenga más de una licencia de televisión abierta en una misma ciudad. Paralelamente, durante el mandato de CFK esta disolvió los buenos vínculos con el Grupo Clarín, poniendo en esa enemistad todo el foco de la LSCA.

En 2004 se llevó a cabo la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una plataforma de propuestas con 21 puntos con una perspectiva múltiple, plural y abierta de discusión; se planteaba un cambio de paradigma regulatorio del sector de los medios de comunicación, considerando a la comunicación como derecho social y no como la  gubernamentalización de contenidos, pensando la idea de  restringir la concentración de propiedad de medios. En 2008 CFK colocó los medios en el centro de su discurso, es decir, ya se reflexionaba sobre la idea de considerar a los medios de comunicación como una institución importante de la sociedad civil, aunque sin caer en la idea que estos manipulan la mente de los ciudadanos pero sin dejar de pensar en que mediante los medios hay una construcción de hechos y realidades. En 2009 CFK aprueba la LSCA que reemplaza el Decreto 22.285 de 1980 el cual permitía tener acceso a licencias a sectores sólo con fines de lucro.

La LSCA fue sancionada con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil pero también en un contexto de enfrentamiento entre el gobierno oficialista y las corporaciones que veían en la ley una amenaza hacia ellas, un ejemplo concreto es el Grupo Clarín, el mayor monopolio mediático de Argentina, es decir, el que más propiedades de medios tenía (Cablevisión, la de mayor rédito económico).

Uno de los ítems, pasado unos años de la aprobación de la ley, es cómo el Estado aplicó la LSCA y si fue o no respetuosa de su texto, así como también los sectores en cuestión: específicamente grupos mediáticos.

Recapitulemos; en 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la LSCA, en un contexto donde el Grupo Clarín se encontraba en una causa judicial por la suspensión de algunos artículos, entre ellos el que restringía la cantidad de licencias.

“La libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen, y si estos están concentrados, la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente” (Owen Fiss, 1986)

El Estado se caracterizó por sus políticas selectivas sobre grupos concentrados (caso mencionado antes de Índalo – PPT) y dejando al sector sin fines de lucro sin su garantía del 33 % del espectro electromagnético, es decir, este sector mediante la ley tenía asegurado una parte en el espectro para acceder a licencias de radio y TV; pero la falta de un plan técnico, de concursos e información hacen que no haya una total democratización del sector info-comunicacional. Esto quiere decir que al faltar un plan técnico, había falta de frecuencias que garantizaran un espacio para medios comunitarios: el gobierno debía realizar esto 180 días después aprobada la ley. Este plan técnico es un mapa del país con la disponibilidad de frecuencias en cada localidad y su correspondiente uso.

En Argentina hay dos áreas del estado para definir el destino del espectro según el sector (radiodifusión, telefonía): en el caso de la radiodifusión actualmente se encarga el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) -ex COMFER- a partir de la sanción de la LSCA.

“AFSCA tiene una manera taxativa de definir quién ocupará la parte del espectro del sector” (Martín Becerra)

A seis años de sancionada la norma, sigue sin existir un plan técnico, según Martín Becerra, especialista e investigador (UBA, UNQ, CONICET) en políticas de comunicación. La ausencia de este instrumento elemental nos lleva al ojímetro, es decir, seleccionar a dedo quienes acceden y cómo, agrega.

Clarín era el mayor grupo concentrado de todos los monopolios mediáticos, por eso que al ser de mayor envergadura, la desconcentración sería mayor. Por lo tanto, el gobierno kirchnerista puso el foco de la LSCA en su enemistad con Clarín, dejando en algunos casos a la deriva a medios alternativos, y permitiendo la compra de un grupo sobre otro según cuál sea.

El acceso del sector sin fines de lucro a licencias de radio y televisión a través de concursos fue uno de los objetivos más importantes de la ley, daba cuenta de un perfil inclusivo para un sector que había estado prohibido del acceso a licencias.

El gobierno de CFK impulsó cerca de mil autorizaciones emitidas a nombre de organizaciones estatales, la mayoría de las cuales todavía no tiene un funcionamiento consolidado; creó seis señales audiovisuales que se difunden a través de la televisión digital (mejoró la calidad de la pantalla de Canal 7, cuyo eslogan es TV Pública) y potenció los segmentos de información y opinión a la línea gubernamental como el programa 678.

La falta de prioridad que se le dió al sector sin fines de lucro en las políticas ejecutadas por el gobierno está vinculado directamente a las condiciones materiales de funcionamiento de los medios sin fines de lucro, algunos de los cuales padecen la falta de avances en esta cuestión.

Es el caso del allanamiento y secuestro de equipos de Antena Negra TV en septiembre de 2015, un medio alternativo/comunitario/sin fines de lucro que transmite cerca de Parque Centenario (CABA) desde 2009. En la Argentina hace muchos años que no se practicaban decomisos o secuestros de equipos a estos medios. El viernes 4 de septiembre de 2015 volvió a suceder contra las promesas de la vigente LSCA para facilitar el reconocimiento legal de un sector históricamente prohibido. Pero la Policía Federal Argentina, por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, allanó los estudios, secuestró los equipos y destruyó la sede de Antena Negra TV en una causa con irregularidades en la que organismos estatales denuncian, allanan e incautan bienes.

an tv

Entre octubre de 2009 – 2013, según otro relevamiento se otorgaron 997 licencias o autorizaciones, de las cuales 283 se rigen por el marco regulatorio actual (LSCA). Un 14% (39) de éstas últimas corresponde al sector privado con fines de lucro (individuos y empresas), 13% (38) al privado sin fines de lucro (cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles), 55% (155) al sector público estatal (gobiernos municipales, provinciales y nacional, escuelas y universidades) y un 18% (51) al sector público no estatal (Iglesia Católica y pueblos originarios.

Guillermo Mastrini, especialista en políticas de medios y derecho a la información (UBA, UNQ) plantea un problema en cuanto a la aplicación de la LSCA; dice que hay una voluntad de ampliar el derecho pero una escasa voluntad de aplicar la ley y se debe  a la falta de un plan técnico y los concursos para acceder a las licencias. En cuanto a las repercusiones en la sociedad explica que esta apoyaba la ley y su aprobación pero que luego de esto no lo hizo con tanto entusiasmo para reclamar su efectiva aplicación.

“El Estado no cumple lo que este prometió si nos remontamos al decomiso a Antena Negra TV, a ellos [Grupo Clarín e Índalo Media] no los decomisaron, el más débil es Antena Negra TV” (Guillermo Mastrini)

Sin embargo, a la fecha siguen abiertas (no están finalizadas) las adecuaciones de 15 grupos privados, como las de los grupos Clarín; Telefe/Telefónica; Supercanal/Vila-Manzano; Telecentro/Pierri; PRISA; Hadad-Cristóbal López/Índalo; Aldrey Iglesias.  La falta de cumplimiento es importante dado que los discursos de las políticas de medios giraron en torno a la desconcentración del sector que continúa pendiente.

Eduardo Alfonso, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1, decidió en junio de 2015 extender una medida cautelar que mantiene frenada la adecuación de oficio del Grupo Clarín en seis unidades empresariales independientes a la LSCA ordenada por AFSCA (el gobierno nacional le pone precio a los activos del grupo y elige a sus eventuales compradores); luego, se cofirmó que se extiende hasta enero de 2016 la medida dado que la situación por la que se solicitó la cautelar no cambió. Alfonso es el mismo que el 14 de diciembre de 2012 dictó el primer fallo contra el Grupo Clarín al confirmar la constitucionalidad de la norma, una posición que luego fue rebatida por la Cámara Federal y finalmente confirmada por la Corte Suprema en 2013.

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El jueves 10 de septiembre –seis días después del allanamiento a Antena Negra TV- el vocero de AFSCA difundió un comunicado informando la posición del organismo, y en relación al espectro y plan técnico dijo que en los ’90 la banda del espectro que va del canal 14 al 20 – donde tuvo lugar este conflicto– fue privatizada y adjudicada a diversos servicios de comunicación que pagan un por el uso. Y agregó que el gobierno nacional dispuso la recuperación de esa banda para uso de los servicios de radiodifusión, lo que implica una migración de lugares en el espectro.

En relación específicamente a Antena Negra TV, y sobre los concursos para acceder a licencias por parte de los medios alternativos/comunitarios, AFSCA dijo que este medio no se presentó a los concursos hechos y que habrá otros. Según informaron los miembros de la cooperativa, ellos trasmitían digitalmente en el canal 20, aunque las constancias presentadas en 2009 indican que utilizaba el canal 4 analógico en la Ciudad de Buenos Aires.

Antena Negra TV respondió que en 2009 transmitían en señal analógica (canal 4 de baja potencia) dado que en ese momento la televisión digital no existía en el país. “Como todos los canales que estaban transmitiendo en señal analógica, Antena Negra TV espejó su señal en el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA – una plataforma de televisión impulsada por el ministerio de Planificación que utiliza la tecnología digital para transmitir en alta calidad de imagen y sonido de manera gratuita mediante un decodificador), en la señal 20. Se utilizó esa señal porque la misma debía ser manejada exclusivamente para la TDA”, agregó.

Su conflicto central tiene que ver con uso del espectro, dado que se suele favorecer a determinados actores, por ejemplos privados. El colectivo comunitario afirma que al no haber un plan técnico los concursos son aleatorios. PROSEGUR -empresa de seguridad privada- ocupaba su franja en el espectro: en los ‘90 compró la banda de canal 20 para enlace de datos en la ciudad de Buenos Aires, y así comunicarse con la Policía Federal en sus operativos.

Un Decreto del 2014 ordena liberar esa franja del canal 20, pero esto no se cumple; a su vez PROSEGUR hace la denuncia por verse ocupado su canal y el juez de Giorgi ordena el allanamiento y decomiso. Como respuesta al comunicado de AFSCA donde decía que Antena Negra TV no se presentaba a concursos, estos argumentaron que no se presentaron porque se abría para baja potencia, y que los de televisión digital fueron para medios con fines de lucro.

Hoy en día, Antena Negra TV fue sobreseído de la causa y sus equipos devueltos.

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