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Los números redondos de la deuda externa de Venezuela: ¿impagable o negociable?

Expertos sostienen que de no cancelarla en los plazos establecidos o si no la amortiza con pagos a cómodas cuotas negociadas, podría haber un recorte más agudo de las importaciones del país

Las condiciones macroeconómicas de Venezuela se tornan cada vez más herméticas y cerradas a la posibilidad de una apertura del sistema que permita una transición de su modelo económico. Todo pasa primero por los números de la deuda externa.

Así lo evidencian los números del Gobierno en deuda externa, sobre la cual el presidente Nicolás Maduro anunció, el 2 de noviembre de 2017, su reestructuración y refinanciamiento tras haber cancelado el bono PDVSA 2017, que apremiaba la cartera crediticia del Ejecutivo con una deuda de 1,2 millardos de dólares.

A pesar de los pagos consecuentes que el Gobierno ha realizado mediante las transferencias de fondos del bono PDVSA 2020 y 2017 más intereses a los acreedores estadounidenses, aún permanece latente el riesgo de un default, motivo que lo llevó a “decretar” la reestructuración y el refinanciamiento.

Sin embargo, a juicio del economista y abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, una reestructuración de deuda no puede simplemente decretarse, dado que implica una renegociación de esta con los acreedores para modificar de manera consensuada las condiciones y los términos en los cuales se saldará esa deuda cuando el deudor, en este caso el Estado venezolano, no pueda pagarla.

 ¿Y el control de la Asamblea Nacional?

La pregunta clave que surge en medio de este volátil contexto económico es si el Gobierno puede legalmente renegociar su deuda pública sin antes pasar por la contraloría de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, no se requerirá de ley autorizatoria para las operaciones de refinanciamiento o reestructuración que tengan como objeto la reducción del tipo de interés pactado, la ampliación del plazo previsto para el pago, la conversión de una deuda externa en interna, la reducción de los flujos de caja, la ganancia o ahorro en el costo efectivo de financiamiento, en beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”.

Esto significa que el Gobierno puede reestructurar la deuda sin previa autorización de la Asamblea Nacional siempre y cuando esa renegociación beneficie a la República en cuanto a la reducción del importe de la deuda o de los intereses. Sin embargo, según el artículo 90 de esa misma ley, “la reestructuración o refinanciamiento de la deuda que exceda del límite máximo de endeudamiento aprobado mediante Ley, deberá ser autorizada mediante Ley especial”.

Esto implica que la Asamblea Nacional podría otorgar mediante resolución legislativa una extensión del límite de endeudamiento.

El problema radica en que debido al conflicto político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Ley de Endeudamiento fue presentada por el presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. No se fijó un límite de endeudamiento, es decir, la capacidad el Gobierno para contraer deuda no tiene, hasta ahora, un techo.

Por lo tanto, esa reestructuración debería pasar por el control de la Asamblea Nacional, pero al no hacerlo, podría generarse desconfianza y reticencia en los mercados financieros a comprartítulos de deuda venezolana debido a las sanciones del Departamento del Tesoro de EE UU que pesan sobre el Gobierno y PDVSA, según estima José Guerra, economista y diputado de la Asamblea Nacional.

¿Qué pasa si no paga?

En caso de que el Gobierno y/o PDVSA incurran en un incumplimiento de pagos o default, los acreedores podrían apelar a instancias internacionales para exigir a organismos judiciales internacionales los pagos y compensaciones correspondientes. Y si esas medidas fallan, podría darse un embargo de activos sobre el patrimonio de la estatal petrolera.

Tal sería el caso de Citgo, su filial productora de gasolina en Texas, EE.UU.Esas instancias podrían ser el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mediante procedimientos contencioso-administrativos, según el jurista José Ignacio Hernández.

 ¿Qué dicen los números?

A finales de octubre 2017, Venezuela desembolsó un total de 1.634,07 millones de dólares. Para noviembre y diciembre, los compromisos ascienden a 3.208,8 millones de dólares en bonos, sin incluir los intereses que se acumulen hasta esas fechas.

Durante los próximos diez años, quedan pendientes los tramos más abultados de la deuda externa del país. Son los segmentos restantes de la deuda de larga data de Venezuela, que se contrajo entre 2007 y 2011. Fue emitida en dólares, pero pagada en bolívares a la tasa de cambio oficial de ese entonces a 4,30 bolívares por dólar.

Hasta 2027, Venezuela deberá cancelar un total de 91.447 millones de dólares para reabastecer su cartera de créditos y volver a ser objeto de confianza a los ojos del mercado financiero internacional, del cual ha Venezuela dependido desde 2007 para financiar su presupuesto nacional y el de PDVSA.

El año que viene deberán cancelarse 8.019 millones de dólares solo en bonos. La deuda de Venezuela es tan alta que desde 1999, la deuda per cápita (acumulada por persona) se ha incrementado en 223 % al pasar de 1.214 dólares por habitante desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder hasta situarse en el rango de 3.916 millones de dólares por habitante en 2017.

Entre 2007 y 2011 se vivió la bonanza petrolera más grande de la historia venezolana. Fue durante ese período que, a medida que subía el valor de cotización del petróleo venezolano en el mundo, lo hacía a la par el endeudamiento del Gobierno.

En 2007, el barril de crudo venezolano se cotizaba a 64,6 dólares por barril y la deuda subió un 39,07 % hasta 29.812,7 millones de dólares. Al año siguiente, el barril se situó en $86,8 y la deuda subió 8,57 % hasta $32.367,5 millones. En 2009, el crudo valió $56,9 por barril y la deuda creció un 34,8 % hasta los $43.632,8 millones.

Tres años después, en 2010, Venezuela vendía su crudo a $71,6 por barril, con lo cual su deuda creció otro 13,8 % hasta $49.652,2 millones. Finalmente la escalada repuntó en 2011 cuando el petróleo venezolano alcanzó el récord histórico de los $101 por barril y la deuda creció un 29,73 % hasta los $64.414,2 millones.

En 2012 llegó al máximo nivel jamás visto; 103,5 dólares por barril con un aumento de deuda de 4,66 % hasta los $67.414,2 millones.

El resultado fue que entre 2007 y 2011, la deuda venezolana aumentó en 34.601,51 millones de dólares, es decir, un incremento del 116 % mientras que en ese período el precio del petróleo aumentó un 56 %, más de la mitad de su valor.

Cuentas pendientes

Deuda externa total: 184.500 (en millones de dólares)

Gobierno (112.300)

  • Bonos de deuda soberana: 36.100
  • China: 28.100
  • Rusia: 9.100
  • Otros: 2.100
  • Deuda a multilaterales: 5.300
  • Bancos comerciales: 1.300
  • Nacionalizaciones y reclamos pendientes ante el CIADI: 16.000
  • Deudas comerciales: 14.300

PDVSA (71.500)

  • Bonos no garantizados: 26.500
  • Bonos en garantía: 3.400
  • Deuda con proveedores y contratistas: 17.800
  • Otras deudas contraídas: 13.300
  • Deuda subordinada: 5.400
  • Otras deudas de PDVSA: 5.100
  • Deuda no asegurada del bono Electricidad de Caracas: 700

*Fuente: Millstein and Co. 1997-2015 / Banco Central de Venezuela 2016-2017

Cronograma de pagos de bonos (total: 2.134) (en millones de dólares)

En noviembre:

02: PDVSA 8,5% (1.169)

07: Venz 9% (90) / Venz 9,25 % (93)

15: PDVSA 6% (135)

16: PDVSA 6% (150)

17: PDVSA 9% (108) / PDVSA 9,75% (146)

 

Lo debió pagar en diciembre de 2017:

01: Venz 7% (35)

09: Venz 6% (45)

29: Venz 6,5% (163)

*Fuente: Bloomberg / Kapital Consultores / Prodavinci.com

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