Opinión

Basta de gatillo fácil: Ni una bala más, ni un/a joven menos

Marcha contra el Gatillo Fácil: el grito por verdad y justicia para las víctimas de las fuerzas de seguridad, cada vez más fuerte.

Marcos Sebastián Acuña, Juan Pablo Kukoc, Luciano Arruga, Kevin Molina, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, María José Gordillo. ¿Qué tienen en común todos esos nombres? Seguramente en vida jamás se cruzaron, pero el destino quiso que hoy sean parte de una lucha común. No impulsada por ellos, sino desde ellos, desde que pasaron a formar parte de la enorme lista de víctimas del gatillo fácil y la impunidad policial.

Esos nombres corresponden a chicos y chicas que murieron como consecuencia de la acción o la inacción de las fuerzas de seguridad, en sus distintos uniformes (Policía Federal o locales, Prefectura, Gendamería). Hoy sus caras aparecen en remeras, carteles y banderas, como ocurrió el lunes último en la Cuarta Marcha contra el Gatillo Fácil, una movilización que tuvo su epicentro en Buenos Aires y se replicó en más de diez ciudades, como Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

Como si no bastara con leer cada uno de esos nombres y apellidos, a ellos hay que sumarles miles más. Decir “miles” puede sonar exagerado o una expresión, pero lamentablemente es realidad. Según CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) hubo ya más de 5500 casos de gatillo fácil desde 1983, cuando retornó la democracia. Más concreto: un/a joven es víctima de “la seguridad” cada 23 horas.

Una política estatal, no casos aislados

La estadística deja bien en claro que esta problemática no es obra de un sólo gobierno sino que es alimentada por uno y otro. En el tiempo que nos toca, desde que asumió Macri no sólo no se redujeron estos índices, sino que aumentaron.

No se trata de la falta de eficacia del gobierno actual en el control de esta problemática, sino que es resultado de una acción intencional. Constantemente desde el Poder Ejecutivo y los ministerios se alienta a los miembros de las fuerzas de seguridad a reprimir y luego se los aplaude y felicita.

La visita de Macri y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al policía Chocobar, tras asesinar de un tiro en la espalda a Juan Pablo Kukoc en La Boca, tal vez sea el ejemplo más claro de esta política de Estado. Tal es así que esta estrategia ya fue bautizada vox populi como “doctrina Chocobar”.

Distintas tácticas para una misma estrategia

Esta “tarea” de las fuerzas de (in)seguridad se cumple con distintas acciones o falta de ellas. A los asesinatos con armas de fuego – el gatillo fácil – los acompañan otras maneras de proceder.

Como ocurrió con el ahogamiento provocado de Santiago Maldonado o con Luciano Arruga, atropellado por correr ante la persecución policial.

Otro ejemplo es el de las “zonas liberadas”, como la que nos dejó sin Kevin Molina. El “único delito” que cometió el niño de 9 años fue esconderse debajo de la mesa de su casa cuando volaban balas en el barrio ante la inacción de Prefectura y Gendarmería (que luego aparecieron, pero para hostigar y amenazar a sus familiares).

Son sólo dos tácticas más entre muchas. Lo más grave es que no son casos aislados, sino que se trata de una estrategia premeditada, que va de la mano con la represión en cada marcha y movilización.

Por eso se trata de políticas de Estado, en muchos casos, incluso, apoyadas por sectores numerosos de la sociedad, que se tranquilizan reafirmándose que “parecía peligroso”, “estaba donde no debía estar” o simplemente “usaba una gorrita sospechosa”.

Cada bala nueva es un grito más fuerte

Esta política de Estado de disparar y luego preguntar (o, mejor aún, tapar) nos está dejando sin miles de jóvenes. Insistamos en que esta especie de “pena de muerte no convencional” no nació con el gobierno actual. Insistamos, también, en que no se puede tolerar la defensa que hacen los funcionarios de hoy de cada asesino uniformado y el orgullo con el que lo presentan a la sociedad.

Son ya 5500 nombres y apellidos; 5500 vidas, proyectos, historias; 5500 sueños frustrados, futuros destruidos.

Esos nombres y apellidos son, también, familiares y amigos/as que no van a callarse ni van a aflojar. Y gracias a ellos/as, los que no lo vivimos en carne propia pero nos duele esta realidad no aflojamos tampoco. Al matarlos quisieron borrarlos, pero los hicieron semilla: símbolos de lucha y motores para exigir verdad y justicia.

Porque las fuerzas de (in)seguridad no deberían estar para matar y porque todos los pibes y pibas están para vivir. Los jóvenes son el futuro: que las balas no lo impidan.

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Matías Hernán Piccoli

Gritando desde el 92. Licenciado en Comunicación Social en UBA. Escribo, hablo y escucho mucho.

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