México: Comisión de DDHH impugnó Ley de Seguridad ante la Suprema Corte

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que generan la posibilidad de que se vulneren libertades y derechos básicos de los mexicanos.

Asimismo, la CNDH argumentó que dicho ordenamiento, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, afecta el diseño, facultades y equilibrio entre la federación y los estados, así como entre los órganos del Estado y sus poderes.

Personal de la Comisión acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar la acción de inconstitucionalidad, que entre múltiples argumentos plantea cuestiones relativas a la subordinación de autoridades civiles a militares que plantea la Ley de Seguridad Interior, contraviniendo criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Redefinir puntos de la ley

La Comisión también objeta que se pretendan redefinir y jerarquizar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado y específico que de los mismos se hacen a nivel constitucional.

De acuerdo con la CNDH, la Ley de Seguridad Interior posibilita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno federal pueda ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas, por causas y materias que rebasan el ámbito del combate a la inseguridad.

Entre esas causas contempladas en el ordenamiento figuran cuestiones tan ambiguas como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho, refirió la Comisión en un boletín.

También subrayó que el contenido de la acción promovida ante la SCJN es producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y representantes de organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Del mismo modo, enfatizó que la acción de inconstitucionalidad “no busca atacar a las instituciones, inhibir la legítima actuación de las autoridades o debilitar nuestro Estado de derecho”.

“Por el contrario, tiene como objetivo preservar la integridad de nuestro sistema constitucional y de los derechos humanos reconocidos por el mismo, fortaleciendo con ello la institucionalidad democrática y la legalidad en nuestro país”, acotó.

Asimismo, la SCJN ya admitió a trámite otro recurso presentado por San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, en que el municipio considera que el ordenamiento viola su autonomía