Narco-democracia, o el rol del narcotráfico en la democracia

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Aunque su nombre indica, inexorablemente, que la narco-democracia implica una conexión entre narcóticos y nuestro mejor sistema de gobierno posible, las posibilidades que presentan los dos términos son varias. Y, aunque podríamos tentarnos en definir la ‘narcodemocracia’ como una asimilación de la democracia a algún tipo de narcótico que nos hace creer que el sistema es el mejor de todos los posibles (transformándonos todos en cándidos personajes como aquel que Voltaire hiciera disfrutar de las mayores atrocidades que uno pudiese imaginar, siempre suponiendo que éstas han de darse irremediablemente ya que el mundo es el mejor de los mundos posibles), en general se asume a este concepto la idea de un gobierno estimulado por el dinero de la venta de drogas.

El tráfico de narcóticos, ilegal por definición, se ha transformado con el tiempo en un espacio que ha ganado mucho poder. La explicación más simplista indica que la población mundial está lleno de enfermos que quieren experimentar cosas que son ilegales y así el narcotráfico acumula dinero. Mutados, entonces, en los burgueses de finales del siglo XX, los narcotraficantes han ido construyendo su imperio en contra del bien común, de los valores modernos (ya rancios, o quizás reaccionarios) y, también, del sistema democrático.

Pero ¿cómo, no es que había algo que definimos como narcodemocracia? Sí, pero los defensores de la democracia aducirán siempre que el narcotráfico sobrevive más allá de sus esfuerzos por exterminarlo, mientras que los que utilizan el concepto argumentan que el dinero de las drogas financia las campañas electorales. Así, sólo los políticos con vínculos en el narcotráfico acceden a los cargos gubernamentales alrededor del mundo. Alrededor, claro, porque eso no ocurriría nunca en el centro: ni en Estados Unidos ni en Inglaterra.

Centroamérica (y cada vez más hacia el sur) se ha vuelto el principal laboratorio de narcóticos para el mundo “civilizado” estadounidense, principalmente, y para todo el mundo. Pero a diferencia de lo que se entiende generalmente por narco-democracia, el rol del narcotráfico en estos estados subdesarrollados (a costa del desarrollo de otros) se podría decir que ha cumplido un rol democrático. Ha llenado los espacios que el estado democrático no llena. La producción y distribución de cocaína, así como de narcóticos opiáceos, ha contribuido a mantener económicamente a millones de familias que se encontraban en contextos marginales de subsistencia en lo que respecta al modo de vida “civilizado” que plantea la vida en democracia.

Entonces, cuando hablamos de narco-democracia ¿queremos decir que los narcos financian las campañas políticas de los políticos, o nos referimos a que los narcos proveen de resoluciones democráticas a los habitantes de ciertas poblaciones que han sido marginados por el estado? Parece un simple juego de palabras, pero la respuesta a esta pregunta nos para a nosotros a un lado u otro de esta discusión. Veamos lo que pasó en México hace menos de un mes.

El 12 de julio se escapó “el Chapo” Guzmán de la prisión de máxima seguridad Almoloya de Juárey, y fue noticia a nivel mundial. Joaquín Guzmán es multimillonario, a lo largo de la década pasada incluso formó parte de la lista de Forbes que incluye a los hombres más ricos del mundo. Su inclusión en tal lista fue controversial, debido a que la forma en que Guzmán amasó su fortuna corre por caminos ilegales, de modos supuestamente opuestos a todos los que se encuentran en la lista. Se lo relaciona directamente con los más grandes líderes del cartel mexicano de Sinaloa, pero más de treinta empresas responden al capital que maneja “el Chapo”.

Así y todo, desde que fue detenido en febrero del año pasado, se empezaron a realizar marchas pidiendo por su liberación. Miles de personas decidieron marchar en las calles mexicanas, con especial aprehensión en Sinaloa, pidiendo la liberación del líder del narcotráfico. Efectivamente, podemos notar el modus operandi propio del sentir democrático. Masas ingentes de ciudadanos molestos salen a la calle a pedir lo que les parece justo. Claro que en este caso no lo hacen pidiendo algo para ellos, o apoyando a algún líder político. No. Lo que pedían era la liberación de un preso del que se sabía sus vinculaciones con el narcotráfico: “Al ‘chapo’ se lo quiere y se lo respeta más que a cualquier mandatario”, rezaba una de las tantas pancartas vistas en las manifestaciones.

El apoyo a Joaquín Guzmán abre más preguntas que respuestas. Quienes defienden las formas legales de enriquecerse seguirán aduciendo que los seguidores del “Chapo” son ‘anarquistas’ o inadaptados sociales. Quienes piden por su liberación dicen respetarlo más que a los funcionarios, aquellos que el pueblo ha votado para representarlos. Un verdadero intersticio en el funcionamiento de una democracia que, defendiendo la legalidad, se ve apoyada por el narcotráfico. Ya sea por el dinero para las campañas, o por el verdadero rol que cumple el narcotráfico, supliendo aquello que la democracia debería cumplir en su ideal pero, como ya hemos visto, la realidad la ha demostrado como insuficiente.




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