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Polémica por ley de libertad anticipada en Uruguay

Uruguay.- Una de las derivaciones más resaltantes de las reuniones de la comisión de seguridad que dirigió el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, de la mano de integrantes de todos los partidos políticos con representación legislativa, fue la creación de un proyecto de ley que impide que quienes sean reincidentes de infracciones graves adquieran la libertad provisional, condicional y anticipada.

En este sentido y según reseña el portal del diario El Observador de Uruguay, la planificación fue aprobada en el Congreso durante el mes de julio de este año y es discutido tanto por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como por abogados especialistas en derecho penal.

El representante de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, manifestó en una entrevista que la máxima institución de la Justicia no únicamente se encuentra en contra de la legislación que varía la libertad anticipada, sino que “en caso de existir libertades anticipadas, que son las que puede otorgar la Corte, se procurarán pese a lo que indique la nueva ley”, dijo.

Sin tener conocimiento previo de la postura de la Corte, la Delegación de Derecho Penal del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) redactó un oficio para entregar al directorio del organismo, el cual se orienta en la misma línea de opinión de Pérez Manrique, reprochando concretamente el artículo primero de ese estatuto.

Los  especialistas y penalistas miembros de esa comisión consideraron que “con esta acentuada modificación de rumbo no prevalecen las oportunidades de la ordenada reincorporación del recluso a la sociedad”. Por el contrario, aseveraron que como los reincidentes no asumirán “posibilidad alguna de disminución de pena por estudio, trabajo, buena conducta y demás mercedes (que son derechos del penado), sentirán mayor resentimiento y odio hacia la sociedad”, lo que sobrellevará el incremento de la violencia y mayor desprecio por la vida.

A su vez, los especialistas del área penal afirmaron que la puesta en marcha de la nueva legislación “no envolverá menos delitos ni víctimas, pues los inconvenientes sociales y pedagógicos, así como los compromiso de valores que establecen o llevan al delito a ciudadanos, no se modificarán por esta mayor penalidad”. “Aunque se les despoje por más tiempo de la libertad o se les restablezca al estado reclusorio, es factible adelantar que serán suplantados por otras personas que delinquirán de análoga forma o peor”, indica el informe, rubricado por el presidente de la Comisión de Derecho Penal, Germán Aller y que fue contenido dentro de la publicación “Tribuna del Abogado” del mes de diciembre.

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