Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas manifestó que no le importan los derechos humanos porque se mantendrá en una constante lucha en contra de las drogas y el crimen.

“Yo lo único que estoy haciendo es librando una guerra, los habitantes de filipinas me piden justicia por los crímenes a manos de criminales y narcotraficantes, y no lo voy a hacer”, expresó Duterte.

Las declaraciones del primer mandatario se dieron en medio de las duras críticas realizadas por el pueblo en torno al fallecimiento de al menos 800 personas implicadas en actos delictivos; información extraoficial devela existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Por otro lado el presidente local dio a conocer una lista con el nombre de 159 jueces, alcaldes, legisladores, policías y militares que se encuentran presuntamente vinculados con hechos de narcotráfico, por lo que dio un lapso de 24 horas para entregarse a la justicia o se verán obligados a tomar otro tipo de medidas.

“Tienen 24 horas para apersonarse en sus unidades o los voy a machacar”, recalcó. Los jueces deben entregarse al Tribunal Supremo, los policías al jefe de la Policía Nacional, los miliares al jefe del Estado Mayor y los funcionarios al Ministerio del Interior para poder tomar las acciones que sean consideras dependiendo del delito.

El jefe de estado quien ha generado preocupación entre los filipinos por su manera de accionar, justifica los hechos, en que no se puede salvar la vida ni defender los derechos humanos de quienes han causado males tan graves a la nación, y manifiesta que hasta el último día de su gobierno seguirá llevando este tipo de políticas “severas”.

Duterte aseveró que deben matarlo a él o él matará a todos los que no cumplan estrictamente la ley, pidiendo al Congreso que reestablezca la pena de muerte por ahorcamiento. También ha indicado en otras declaraciones que dio órdenes a las fuerzas de seguridad para que tiren a matar en su lucha contra el crimen organizado o contra aquellos que se resistan violentamente al arresto.

Este presidente fue nombrado en junio pasado, para un único mandato de seis años, y reafirma que mantendrá la lucha contra los crímenes sin importarle la opinión de la Organización de Naciones Unidas o cualquier otro ente en defensa de los derechos humanos.