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Presidente Peña seguirá fiel a impunidad

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Motivado a la revelación del escándalo de la llamada Casa Blanca de Las Lomas, residencia que le construyó y vendió con un generoso financiamiento uno de los constructores favoritos del sexenio a Angélica Rivera, esposa del actual presidente del gobierno de Enrique Peña Nieto convirtió la construcción de una red de protección en uno de los hilos conductores de su sexenio.

El pasado 6 de noviembre de 2014, en un intento por anticiparse y controlar los daños que produciría la divulgación de la operación mercantil y financiera entre Juan Armando Hinojosa Cantú y la esposa del presidente, el gobierno federal revocó el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio encabezado por una empresa del gobierno chino y en el que participaba la Constructora Teya, de Grupo Higa, propiedad de Hinojosa.

¿Cómo transcurrió todo?

Entre tanto, el 9 de noviembre se publicaron en los medios y se divulgaron en el portal Aristegui Noticias los detalles de la operación y tres meses después, el 3 de febrero de 2015, el presidente finalmente nombró un titular de la Secretaría de la Función Pública, pues hasta esa fecha al frente de dicha dependencia se encontraba Julián Olivas Ugalde, subsecretario encargado del despacho.

En su toma de posesión, Virgilio Andrade Martínez recibió en voz del mismo presidente la encomienda de integrar un expediente y resolver si existía o no una ilegalidad en dicha operación. Como era de esperarse, Andrade concluyó que todo se había realizado conforme a la ley.

Posteriormente, el 26 de febrero, tres semanas después de la designación del titular de la Función Pública, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la incorporación de la figura del Comité de Participación Ciudadana (CPC) como uno de los elementos centrales del mismo, pero también sin atribuciones reales y como parte de un Comité Coordinador que comparte con seis servidores públicos.

Al iniciar el actual periodo de sesiones legislativas, en septiembre pasado se anticipó que el PRI intentaba aprobar la ley de la Fiscalía y así, en automático, designar a Cervantes en su primer titular por nueve años, ya que la iniciativa del presidente presentada un año antes estaba todavía en comisiones, lo cual provocó una pugna entre los grupos parlamentarios y la instalación extemporánea de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; finalmente, los priistas accedieron a revisar la iniciativa presidencial, pero no a resolver el fondo del problema, que es el método de designación regulado en el artículo 102 constitucional (Proceso 2132), que le garantiza al presidente su paquete de impunidad.