Protestas de pensionistas y taxistas pusieron al Gobierno español en apuros presupuestarios

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Las calles de España se calientan. Ya no solo manifiesta su descontento el sector de los pensionistas, sino también el de los taxistas. Los primeros piden un aumento de sus pensiones ajustado al IPC. Los segundos piden desde hace dos días que se les otorgue licencias especiales como las recibidas por los taxis de Uber, Cabify y Fedetaxi. Las protestas de pensionistas y taxistas reclaman sus derechos al Gobierno español.

Cambio el Gobierno, pero no cambian los problemas. Ahora la administración de Pedro Sánchez se enfrenta al revés de satisfacer dos demandas con un presupuesto que no es del todo apoyado en el Congreso.

Asimismo, tiene el obstáculo que sufrió con el rechazo de los legisladores a su propuesta de ampliación del techo del gasto público.

El mandatario socialista también tiene en mente establecer un aumento de impuestos, incluyendo al sector bancario. Pero la opinión pública y la sociedad civil española no están de acuerdo con esas medidas, al igual que las principales entidades financieras del país.

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Contexto de protestas para el Gobierno español

Incluso desde el Gobierno de Mariano Rajoy, los Presupuestos Generales del Estado 2018 no recibieron un amplio margen de apoyos debido a la insuficiencia de los montos destinados a cada cartera e institución del Estado.

Y a pesar de que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató que se aprobaran esos presupuestos por la vía del decreto ejecutivo, el Congreso bloqueó la iniciativa y hoy Pedro Sánchez debe enfocarse en salir adelante con un serio problema de flujo de caja tanto en el Gobierno como en el sistema de Seguridad Social.

Se le suma el factor de que la inflación creció al 3% en junio, el Banco de España alertó sobre el rumbo de las políticas económicas de Sánchez y el mercado se muestra expectante ante la orientación que llegue a tomar el mandatario por dirigir un gobierno de corte socialista y populista.

Aunque el Ministerio de Fomento trató de negociar para llegar a un acuerdo con los taxistas, la huelga general sigue y las calles de Barcelona siguen bloqueadas, así como las de las principales ciudades de España (Madrid y Valencia).

A menos que recurra a los créditos adicionales, Sánchez no podría solucionar esos conflictos. El detalle es que para adquirirlos en pro de ampliar los presupuestos necesita el apoyo de dos tercios del Congreso. Hoy no los tiene.




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