Puerto Rico: Comunidad LGBT no acepta religiosos en el Congreso

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Puerto Rico: La comunidad LGBT de Puerto Rico protestó por la contratación de dos líderes religiosos en el Congreso de la isla.

La separación entre la Iglesia y el Estado viene siendo un tema de discusión en Puerto Rico, y en esta oportunidad la comunidad LGBT decidió fijar su posición.

Dos líderes religiosos, el pastor Ricky Rosado y el sacerdote Carlos Pérez, fueron seleccionados para ocupar sendos cargos en el Parlamento.

[pullquote]La comunidad LGBT alegó que las contrataciones en el Congreso responden a un pago de favores políticos[/pullquote]

Rosado dirigirá la Oficina de Base de Fe en la Legislatura y Pérez estará asesorando a la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, presidida por María Milagros Charbonier.

El abogado constitucionalista Carlos Ramos, indicó que el hecho de que sean miembros de la Iglesia, no exime a Rosado y Pérez de tener facultades para ejercer los cargos a los que fueron elegidos.

La comunidad LGBT alegó que su condición religiosa les confiere un sesgo conservador a la hora de hacer recomendaciones sobre los derechos homosexuales.

Sin embargo, Ramos señaló que si ambos dirigentes de la Iglesia están capacitados para trabajar en el sector público, sería discriminatorio que el Estado se los impida, lo que podría ser visto como una acción hostil.

La comunidad LGBT abogó por un Estado laico

no obstante, añadió que ambos deben comprometerse a respetar la diversidad, en todos los ámbitos. “Si alguno viniera con la encomienda de que por sus creencias religiosas traten de forzarlas, imponerlas o adelantarlas a través de la estructura del Estado, en efecto, se acercan momentos muy complicados para los derechos constitucionales, incluyendo la libertad de culto de los creyentes, de los no creyentes, de los no fundamentalistas y, por supuesto, de la separación de Iglesia y Estado”, recalcó.

Para el sacerdote Orlando Lugo, el trabajo de Rosado y Pérez siempre mantuvo “un estilo de gobernanza en el que todos somos tratados con respeto y del que todos debemos tomar parte activa”, por lo que recomendó que no se les juzgue antes de comenzar a trabajar.

La comunidad LGBT reveló que las contrataciones en el Congreso responden a un pago de favores políticos.

La directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, una organización que defiende los derechos LGBT, aseveró que “en un Estado laico, como se supone que sea Puerto Rico, no hay cabida para oficinas que privilegien ideas y posturas religiosas”.




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