Un millón de pesos deberá pagar Ricardo Echegaray

Ricardo Echegaray deberá pagar un millón de pesos

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Un millón de pesos deberá cancelar el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, según dictamen de la justicia argentina.

Diego Amarante, juez en lo penal económico, procesó al encargado de la Afip durante la gestión kirchnerista, por contrabando agravado. Ello ocurrió a raíz del otorgamiento de una franquicia diplomática  de manera irregular para adquirir un vehículo de alta gama.

El empresario deberá cancelar el dinero en un máximo de diez días. Además, posee una advertencia de disponerse la prisión preventiva y la inmediata captura.

En el fallo, el juez también le prohibió la salida del país, aunado a ello le impuso un embargo de cinco millones de pesos.

En el texto legal, se indica que Echegaray deberá presentarse ante el juzgado dos veces al mes. También deberá pedir permiso si desea ausentarse de su domicilio por más de 72 horas.

En la resolución se conoció que Amarante consideró que el trámite autorizado por Echegaray, cuando era jefe de la Aduana, desajustó las reglas. Ello cuando otorgó el beneficio impositivo a favor del también procesado Chun-Teh-Hsieh, en 2007.

Es por esa razón que el juez los procesó como coautores del delito de contrabando agravado, debido al ingreso de un auto sin la cancelación de los debidos impuestos.   

Incumplieron las leyes

Según las leyes argentinas, la decisión de otorgar una franquicia diplomática es de la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Ellos eran los responsables de aplicar el régimen de franquicias diplomáticas. Se corroboró que la causa fue solicitada directamente a la Dirección General de Aduanas, aunque sin la intervención de aquel otro que era el responsable de expedir el particular.

Además, tomaron en cuenta la existencia de otro trámite en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores se había pronunciado de forma negativa, con respecto a la concesión del beneficio.

El juez explicó en el fallo que no resultaba aplicable con relación a la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, ni a las personas que allí prestaron servicios. La decisión la tomaron en cuenta  ya que la República de China (Taiwan) no es un estado reconocido oficialmente por la República de Argentina.




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