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Senado de Bolivia aprobó convocatoria a nuevas elecciones

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Este sábado, tras un consenso entre la mayoría parlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) y los demás legisladores permitió la aprobación en el Senado de Bolivia de una ley de urgencia para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.

En ese sentido, la cámara alta aprobó por unanimidad el proyecto de ley de “Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales” y lo remitió a la Cámara de Diputados.

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La propuesta en base a un acuerdo

Por otro lado, se conoció que la redacción del texto surgió de un acuerdo entre el MAS y el partidos oficialista Unidad Demócrata, del cual Áñez era senadora antes de autoproclamarse presidenta, y el Partido Demócrata Cristiano.

Los masistas, por su parte, presentaron una propuesta que sugería el 12 de enero de 2020 como fecha para los comicios.

Mientras que el gobierno de facto, a su vez, presentó otra, que insistía en respetar el límite constitucional de dos mandatos seguidos para ser candidato, lo que cerraría las puertas a Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera.

De estas dos proposiciones, nació un proyecto consensuado que llegó al Senado de Bolivia que anularía las presidenciales del 20 de octubre e incluiría una serie de excepciones a la normativa electoral para acelerar la nueva convocatoria a las urnas a fin de terminar con las protestas que mantienen el país sumido en caos.

Una de ellas tiene que ver con el nombramiento rápido de un nuevo órgano electoral, que llamaría a elecciones en un plazo de dos días tras tomar posesión, con un nuevo padrón electoral y con las candidaturas que quieran presentarse, sin necesidad de primarias.

Un artículo establecería el respeto del límite de dos mandatos, mientras que otro dejaría sin efecto provisionalmente normas sobre primarias y alianzas entre partidos, reportó la agencia de noticias EFE.

A su vez, el MAS presentó un proyecto de ley extraordinaria en el Senado de Bolivia para “reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano”, que pretende indemnizar a las familias de los fallecidos y que el Ejecutivo se haga cargo de la atención de los heridos.

Sin embargo, la iniciativa generó controversia en el Parlamento porque también aspira lograr una amnistía para Morales y los antiguos miembros de su gobierno.




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