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Solicitud de allanamiento a Cristina Fernández quedó en suspenso

El Senado de la Nación no obtuvo el quórum reglamentario para sesionar

La fallida sesión en la Cámara de Senadores para autorizar el allanamiento a Cristina Fernández solicitado por la Justicia, dejó sin decisión otro proyecto de interés en un momento de fuerte discusión contra la corrupción: el que impulsa la ley de extinción de dominio; una idea que produce un proceso judicial destinado a la recuperación por parte del Estado de bienes comprados ilícitamente.

Sin importar la cada vez más grave circunstancia judicial de la expresidenta de la Nación, había indecisión sobre la ejecución de la citada sesión legislativa en virtud de la tensa convivencia que hay dentro del peronismo generalmente, más allá de las huestes puramente kirchneristas.

Más allá de que las comunes voces de mando de los senadores justicialistas habían ordenado libertad de conciencia a sus propios legisladores, en relación al voto a favor o en contra del pedido de Bonadio, la sepa masiva en el recinto de sesiones de los diferentes grupos en los que se divide ese espacio político en la Cámara alta dejó una prueba clara o estrategia para evadir la controversia desde las bancas.

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Allanamiento a Cristina Fernández está en pausa

Es válido en el desempeño legislativo recurrir al uso del quórum para avalar o no la controversia de un tema, pero en esta situación los senadores justicialistas generalmente podrían tener una posición más decorosa y, al menos, aceptar el debate para después jugar la suerte de la senadora Cristina Kirchner a la votación correspondiente.

Aunque discutible por los delicados cargos judiciales contra la ex Presidenta, puede llegar a aprobarse el argumento de que el desafuero de un integrante del Senado se puede activar en el momento que haya que juzgarla.

Eso fue lo esgrimido desde las mayoritarias bancas peronistas cuando el mismo juez pidió, a finales de 2017, el desafuero de la ex primera mandataria. Pero en esta situación puntual, la viabilización de los allanamientos reclamados constituye una efectiva señal del Poder Legislativo a favor del equilibrio que necesita el desempeño de los poderes del Estado en un sistema democrático.

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