Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional acordaron este lunes suspender la resolución por la que la semana pasada el Parlamento de Cataluña había dado inicio al proceso de secesión y dieron el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o comenzar un procedimiento penal contra los responsables del proyecto parlamentaria.

Fuentes del tribunal de garantías señalaron que la decisión que fue adoptada luego de hora y media de debate no presume la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para ejecutarlas. El Parlamento de Cataluña ha aprobado el 27 de julio con los votos de Junts pel Sí y la CUP las conclusiones del denominado proceso constituyente, lo que abre la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, desatendiendo el aviso en contra del Tribunal Constitucional.

El TC necesita a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al resto de los miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara para que, en el plazo de 20 días informen acerca del cumplimiento de las resoluciones que ya han sido adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio “a efectos de la ocasional adopción por el Tribunal de las medidas previstas” en la Ley Orgánica para el cumplimiento de sus resoluciones.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha advertido a todos “de su deber de impedir cualquier proyecto que presuma ignorar la suspensión que se acordó, haciendo el apercibimiento de las ocasionales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran cometer.

De acuerdo a el Tribunal Constitucional, en su pronunciamiento el Pleno admite el incidente y envía al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña la petición de nulidad ejecutada por la Abogacía del Estado respecto a la resolución del Parlamento de Cataluña.

Lo flamante de la deliberación de hoy, desde el punto de vista procesal, es que es la primera vez que este órgano utiliza las nuevas herramientas -establecidas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional- que la última reforma puso a su orden para que cumpla sus sentencias.

También es inédito la situación que se vive si se toma en cuenta que este incidente de ejecución se presentó una vez el Parlamento de Cataluña incumplió el mandato previo dado por este órgano en un primer incidente que se resolvió luego de la sentencia que ha declarado inconstitucional la denominada declaración de soberanía.