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¿Uruguay deberá tener un registro nacional de abusadores sexuales?

Uruguay.- El caso de Brissa González, una chiquilla de doce años de edad abusada y liquidada por un hombre con dos antecedentes criminales, uno por violación y otro por atentado violento colocó en agenda la disputa sobre si Uruguay debería poseer un registro de abusadores sexuales.

Según reseñó el portal de El Observador, de manera inicial, esta solución posee el respaldo de casi todo el sistema político pero los especialistas en el tema indican que un registro abierto a todo público y por tiempo indeterminado, puede violar la Constitución.

En este sentido, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou volverá a pedir  la aprobación de tal registro a través de un proyecto de ley que presentó en el pasado año 2008 y en el que planteaba crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores de acceso público, un pensamiento que ahora se encuentra dispuesto a apuntalar el congresista colorado Pedro Bordaberry, según expresó en el programa Inicio de jornada de Radio Carve.

En el mismo orden, el pasado día lunes el presidente Tabaré Vázquez manifestó a los medios de comunicación que resulta necesario valorar y estudiar la posibilidad de instituir un registro público de abusadores. Hay que organizarlo y trabajar al respecto, y poseer todos los medios disponibles para luchar contra esta grave patología que no es únicamente del Uruguay“, añadió.

El titular de la cartera del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó a la salida del Consejo de Ministros que se encuentra de acuerdo con que haya un debate sobre la eventualidad de establecer un registro de abusadores porque “hay naciones que lo tienen, que les ha dado resultado”.

abusadores

Legislación de abusadores sexuales

De hecho, la legislación contra la violencia hacia las mujeres basada en género que la delegación de Población y Desarrollo del Senado llevaba experimentando desde el 11 de abril del año 2016, y que la cámara alta ratificó el 14 de noviembre, contiene un apartado que tácitamente crea un registro de abusadores.

Según señaló el texto, “las sentencias de condena” en delitos sexuales, desde el abuso y violación hasta comercialización de pornografía infantil, conllevarán en todos los casos la quebranto o inhabilitación (…) para el ejercicio de trabajos públicos y privados en el área educativa, de la salud y todas aquellas que involucren trato directo con niñas, infantes y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en escenario de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud”.

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