Venezuela: El MPPE seguirá trabajando en pro de la inclusión educativa

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En diciembre del año 2006, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) formuló la Resolución 2005, la cual hace referencia a la educación especial y se mantiene  vigente, mas no es congruente con la realidad, característica común a muchas normas en general en Venezuela.

La Resolución definía a la educación especial como una modalidad del sistema educativo venezolano, cuyo objetivo era atender a estudiantes con discapacidad (la noción y la terminología pertenece a la época).

Para el MPPE era necesario favorecer las condiciones para que la población con discapacidad pudiera integrarse e incluirse en los planteles oficiales y privados de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

En este sentido, instauró un conjunto de normas para la integración (hoy llamada inclusión educativa) de la población con discapacidad.

El instrumento exige que los planteles educativos oficiales y privados deberán garantizar el ingreso, prosecución escolar y culminación de estudios de los educandos con discapacidad, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su integración escolar (principalmente la ayuda de las terapias necesarias para potenciar el desarrollo evolutivo de los  niños  y las niñas).

Algunas de las interrogantes que se presentan son ¿cuántas escuelas en el país llevan a cabo esta estrategia de inclusión para el ingreso, continuación escolar y cúspide de estudios de los alumnos con alguna discapacidad, cuando los planteles educativos deben contar con los servicios de apoyo internos o externos requeridos para la integración escolar de aquéllos? No hay datos públicos al menos en este sentido, que indiquen cuántos estudiantes pueden ser integrados, ni cuál tipo de discapacidad, su rendimiento escolar, prosecución, repitencia, entre otras.

Esfuerzos del MPPE para la inclusión educativa a través de los años

Tampoco las escuelas ni los docentes cuentan, como lo exige la Resolución, con un diseño curricular acondicionado a las características de esta población, ni cursos para los docentes de educación inicial e integral, que les permitan atenderlos adecuadamente.

Del mismo modo, no disponen de la supervisión sistemática para informar, asesorar, evaluar y hacer el seguimiento respectivo de este modelo educativo, en los planteles oficiales y privados.

No hay supervisores disponibles ni preparados para ello, incluyendo actividades deportivas, culturales y comunitarias para promover la participación de los padres, representantes y responsables.

Muchas escuelas se apegan a esta Resolución al momento de inscribir a sus estudiantes al inicio de los períodos escolares. Sin embargo, las preguntas serían: ¿Realmente incluyen a esta población? ¿Las escuelas se aseguran de la adquisición del aprendizaje? ¿Están los docentes preparados para atender a esta población?