jueves, octubre 21, 2021
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Veto presidencial a una imposición arbitraria

Luego de un debate que duró varias semanas, el presidente Mauricio Macri cerró la discusión y este viernes vetó la Ley de Emergencia Ocupacional que prohibía los despidos en el plazo de 180 días y establecía la doble indemnización. El proyecto había obtenido su sanción completa en Diputados durante las primeras horas del jueves con 145 votos a favor, 3 en contra y 90 abstenciones.

Entre las atribuciones de la que goza el Poder Ejecutivo, el veto es una de ellas y cabe destacar que es una herramienta absolutamente legal. La misma se divide en dos ramas: el veto parcial o total. El primer caso es el más utilizado y significa que el presidente anula solo algunos artículos de la ley que hasta incluso pueden ser errores. El segundo, por su parte, expresa una crispada diferencia de fondo entre el Congreso y el Ejecutivo, y que habitualmente son casos de magnitud institucional.

Este derecho legal habita en el artículo 83 de la Constitución Nacional donde se explica: «Un proyecto vetado por el Ejecutivo, retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen (en este caso sería el Senado) y luego a la Cámara Revisora (Diputados). Ambas vuelven a debatirlo, y si logran los 2/3 de los votos confirman la sanción originaria, el proyecto pasa a ser ley y el Ejecutivo es obligado a promulgarlo. Si las Cámaras difieren, el proyecto solo podrá volverse a tratar al año siguiente».

[pullquote]El privilegio de vetar no es un impronta a la que Macri está desacostumbrado. Como jefe de gobierno porteño vetó 126 leyes.[/pullquote]

Aunque fue anunciado premeditadamente, este veto llegó mucho antes del plazo de diez días hábiles que justamente establece la Constitución para que el gobierno desestime un proyecto aprobado por el recinto. Es la primera vez que Macri utiliza este privilegio desde que asumió el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, no es una impronta a la que está desacostumbrado.

Como jefe de gobierno porteño, desde su asunción en 2007 hasta mayo de 2014, Macri ejerció el derecho de veto en 126 ocasiones, según los datos que se desprenden de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad de Buenos Aires. El promedio evidencia que durante su mandato vetó el 5,5% de la leyes de la Ciudad, donde se sancionaron 2.294 iniciativas. El proyecto que proponía la publicidad oficial y el que reglamentaba los abortos no punibles, fueron los más resonantes que vetó.

Durante los últimos días, los sucesos transcurrieron un camino demasiado predecible y se consumaron en un final que también estaba anunciado desde un principio. Apenas un día después de su aprobación, la ley antidespidos fue anulada por el Ejecutivo. El veto presidencial resulta ser una determinación de incuestionable derecho constitucional pero que generalmente suele carecer de aceptación política y social.

En el plano de lo simbólico, es una medida que fácilmente puede ser considerada anti popular. El simple hecho de saltear al Congreso, el organismo más representativo de la ciudadanía, convierte al veto, eventualmente, en un avasallamiento al orden democrático. Al mismo tiempo, pareciera hacerle oído sordo a un órgano que votó en voz alta y con amplia mayoría en sus dos Cámaras. Imposición arbitraria, es una de las denominaciones que le puede caber. También podría considerarse un «abuso de derecho», como lo calificó Héctor Recalde, el jefe de la principal bancada opositora, el Frente Para La Victoria (FPV).

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Héctor Recalde. El año pasado se opuso a la ley antidespidos.

No obstante, y remarcando el prestigioso valor que tiene el parlamento, vale la pena llevar a cabo un análisis general y minucioso sobre lo que se está vetando. Porque a pesar de la significativa relevancia que tienen la funciones de diputados y senadores, eso no garantiza el tratamiento de proyectos serios y mucho menos, que sean finalmente exitosos. La ley antidespidos encierra un debate tan profundo como incierto en sus consecuencias.

[pullquote]«Hay que tener cuidado (prohibir despidos) pueden obstaculizar la contratación de trabajo», expresó Héctor Recalde en 2014 cuando Sergio Massa propuso un proyecto similar.[/pullquote]

Mientras tanto, la ideología de los representantes que hoy están fuera del poder, ha ingresado en el exasperante y malicioso concepto de la contradicción. Noción perjudicial para el desarrollo de cualquier sociedad. Hemos afirmado que el veto presidencial supone una imposición arbitraria. Ahora bien, una ley que no le permite a una empresa desprenderse de un empleado para reducir sus costos ¿no es también una imposición arbitraria? ¿Acaso no es un avasallamiento a las libertades del empleador?.

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Así se aprobaba el jueves la ley antidespidos en Diputados.

El proyecto tuvo su inicio en el representante sindical Pablo Micheli. El motivo que argumentaron los gremios y la oposición es el aumento de los despidos en los últimos meses. De acuerdo a un informe de la consultora Tendencias Económicas, en los meses de enero y febrero se produjeron 107.000 despidos, lo que aumentó la tasa de desempleo en un 0,5%. Al mes de abril, la cifra habría alcanzado los 140.000, entre puestos de trabajo públicos y privados.

Sin embargo, Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, informó recientemente que según el Sistema Integral Previsional de Argentina (SIPA) «hay 40 mil trabajadores más que en el mes de diciembre, sumando altas y restando bajas». Estas versiones suponen las certezas de que Argentina atraviesa un problema de despidos, pero también puede ser cierto que han aumentado los empleos, y estos datos pueden ocurrir de manera simultanea.

Casi toda la oposición, en conjunto, ha aceptado el razonamiento de la ley antidespidos. Han discutido las formas de implementación pero no la idea base. Lo paradójico es que paralelamente ninguno de los impulsores afirma a este proyecto como solución de los conflictos que afronta el país. Lo caratulan como una especie de ‘parche’ para contener una supuesta ‘ola de despidos masivos’. Tampoco niegan las derivaciones contraproducentes a la generación de empleo.

Todo este escenario manifiesta que detrás del palabrerío surge la conveniencia y la intencionalidad política personal; criterios que lo único que fomentan es el estancamiento de los derechos que supuestamente pretenden defender. Sucede que si existe una sincera preocupación por el empleo, suposición bastante dudosa, lo que se debería discutir es cómo se promueve la inversión para generar trabajo y no una caprichosa imposición arbitraria.

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