viernes, octubre 22, 2021
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Violencia institucional o tragedia de once

Un 22 de febrero como hoy, pero hace cuatro años, un tren que arribaba a la estación de Once se estrelló contra la estación, causando cincuenta y un muertes y más de setecientos heridos. Tras cuatro años de movilización de los familiares de las víctimas, la consigna por “JU5T1CIA” sigue vigente para enarbolar a todas las víctimas de la violencia institucional.

Que los trenes andaban mal en Buenos Aires siempre se supo. Que no cumplían con los controles y las normativas básicas vigentes, que no contaban con puertas automáticas ni ventanas en condiciones, también. Salvo algún ramal que salía de Retiro y el “eléctrico” de Constitución, los trenes que comunicaban Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires estaban en condiciones que directamente atentaban contra los usuarios.

Eso es parte de lo que se llama “violencia institucional”. Es decir, las instituciones que deberían custodiar nuestras seguridades básicas, nuestras condiciones de tránsito en el espacio público (por ejemplo) dejaron instalar en la gente la idea de que “mientras funcione está bien”. De esta manera, los ahorros en la “cosa pública” se distribuyeron en otro tipo de intereses (dista de este análisis discurrir en si estos fueron particulares o no, más allá de su pertinencia). En eso consiste la violencia institucional, en conformar al ciudadano de bajos recursos a suprimir su calidad de vida en vistas de lo que “el Estado provee”, como si ese Estado fuese ajeno, un ser superior, benéfico que nos da un tren barato para el uso diario. A su vez, y de manera más perversa, establece un límite y una segmentación social: quién puede NO usar este medio de transporte es aquel con otro poder adquisitivo para costearse la comodidad.

La idea fue –y probablemente seguirá siendo- que el gasto público es “gasto”. El Estado funciona a partir del dinero de los contribuyentes, los ciudadanos. Esta afirmación no busca romper con ningún paradigma de pensamiento erudito, simplemente recalo en ella para recordar que la plata que usa el estado debe ser utilizada para mejorar la calidad de vida ciudadana. Es decir, el Estado existe desde los inicios de la modernidad como el garante de la sociabilidad. Construido el supuesto de que “el hombre es el lobo del hombre” y que “el hombre solo puede existir a partir de la guerra”; la aparición del Estado se vincula a la necesidad de que quienes lo conforman (y nótese cuidadosamente que no escribí “quienes lo integran”) puedan vivir y coexistir en las mejores condiciones posibles. Pensar que usar el dinero de los contribuyentes en mejorar su calidad de vida es un «gasto», es parte de un concepto mucho más grande que vincula el liberalismo (la desvinculación de la política y el estado) con ciertas perversiones propias de un sistema que ha encauzado en el «estado» a un agente externo, separado de la bio-esfera ciudadana.

Los familiares y las víctimas de la tragedia ocurrida hace cuatro años en la estación terminal del tren Sarmiento, establecieron un discurso de lucha que buscaba justicia ante la violencia institucional. Su constancia y su lucha fueron escuchadas, la muerte de 51 ciudadanos obligó a los servidores públicos a repensar sus obligaciones. Se renovaron los trenes de casi todas las líneas (y continúa esta renovación) en la provincia. Y la justicia, el último diciembre, condenó a 21 de los 28 imputados (incluido el ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi); aunque el reclamo sigue fuerte contra los absueltos: Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero (quienes fueran titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte), así como Mario Cirigliano y Julio De Vido.

En memoria de las víctimas de la “tragedia” se ha escrito hoy, así como desde hace cuatro años. Pero la palabra, bien fundada por el trágico hecho y en consonancia con el sentir de la población, deja un sabor amargo. Si bien las palabras son inocentes, los enunciados no lo son nunca (y menos sus enunciantes): lo que pasó hace cuatro años fue resultado de una constante violencia institucional exhibida desde el Estado en pos de cierta segmentación social, o bien de una cultura orientada a la construcción de un Estado inocente, benéfico y altruista que busca el bien por el bien mismo, y que se pone “en gastos” para ayudar a la gente. Esa violencia institucional es la misma que justifica la quita de subsidios como si el dinero de la gente no debiera ser usado para su propio bienestar.

Por eso es importante recordar, en una fecha como hoy, que hace cuatro años hubo una parte del pueblo que decidió hacer que la administración estatal los oiga y haga caso de lo que ellos pretendían como JU5T1CIA, dar un primer paso en beneficio de los ciudadanos, beneficiarios y accionistas de un Estado que hay que dejar de pensar como ajeno.

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