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¿A quién no le conviene que Bukele termine con las pandillas de Haití?

Alejandro José 16 min de lectura Compartir

La intervención de Bukele en Haití, iniciada con el despliegue de tropas de El Salvador después de la desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños, abrió una discusión que supera la eficacia de un operativo de seguridad. ¿Quiénes perderían poder, ingresos e influencia si las pandillas dejaran de controlar territorios, rutas comerciales y comunidades haitianas? La respuesta no se limita a los jefes de las organizaciones armadas.

Informes de Naciones Unidas, sanciones internacionales y un diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) describen vínculos históricos entre grupos criminales y determinados actores políticos y económicos. Las pandillas obtienen recursos mediante extorsiones, secuestros y control de accesos estratégicos. Algunas personas identificadas por organismos internacionales también utilizaron o financiaron estructuras violentas para defender intereses propios.

Ese entramado permite analizar los incentivos que podrían verse alterados ante una recuperación sostenida de la seguridad. También exige establecer un límite: cuestionar la legalidad o las consecuencias humanitarias de una intervención no equivale a defender a las pandillas. La controversia sobre el mando de las tropas salvadoreñas, la protección de civiles y la soberanía haitiana tiene fundamentos distintos de los intereses criminales documentados.

Hasta el 9 de noviembre de 2026, la operación militar continuaba abierta. La posibilidad de que consiga resultados duraderos todavía no puede darse por demostrada. Lo verificable es que una reducción efectiva del control territorial de las organizaciones armadas modificaría la economía de la extorsión y podría alterar mecanismos de influencia política que Haití arrastra desde hace años.

Por qué Bukele envió tropas a Haití

El 18 de octubre de 2026, cuatro técnicos salvadoreños vinculados con una fuerza internacional de seguridad desaparecieron tras una emboscada contra un vehículo en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. Las autoridades de El Salvador anunciaron una operación para recuperarlos y el despliegue creció hasta convertirse en una presencia militar de miles de efectivos.

Reuters informó el 29 de octubre que unos 2.000 soldados salvadoreños estaban en territorio haitiano. El 9 de noviembre, Associated Press señaló que la cifra llegaba al menos a 2.500, según una fuente oficial salvadoreña. Las estimaciones corresponden a fechas y fuentes diferentes, por lo que no deben sumarse ni presentarse como una cifra única e indiscutida.

El gobierno salvadoreño presentó el envío como respuesta a la desaparición de sus ciudadanos y como apoyo a la lucha contra las bandas criminales. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, manifestó respaldo a esa cooperación, aunque persistían preguntas sobre los acuerdos formales, la cadena de mando y las reglas de enfrentamiento aplicables a una parte importante de los militares desplegados.

Amnistía Internacional advirtió el 9 de noviembre que, según la aclaración del portavoz del secretario general de la ONU, la gran mayoría del personal salvadoreño recién llegado no integra la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) autorizada por el Consejo de Seguridad. La organización solicitó a ambos gobiernos publicar el acuerdo de despliegue e informar quién supervisa las operaciones y cómo pueden denunciarse posibles abusos.

La situación de los cuatro desaparecidos tampoco estaba aclarada. El líder de la pandilla 400 Mawozo, Wilson Joseph, sostuvo que habían muerto; El Salvador afirmaba que seguían vivos. No existía una verificación independiente concluyente. Según AP, las autoridades haitianas y salvadoreñas destruyeron una vivienda vinculada con Joseph, pero no lo capturaron.

Las pandillas: perder territorio significa perder ingresos

Las primeras organizaciones perjudicadas por una recuperación estable del control estatal serían las propias pandillas. Su poder no se explica solamente por la posesión de armas. Depende de su capacidad para dominar corredores comerciales, condicionar desplazamientos y cobrar por actividades que deberían desarrollarse sin coerción.

El informe de diagnóstico de gobernanza del FMI sobre Haití, publicado en 2025, describe cómo la ausencia del Estado permitió que las bandas aumentaran su influencia en zonas estratégicas. El organismo menciona específicamente los puertos y las terminales de combustible, espacios donde las empresas pueden verse obligadas a negociar con grupos armados para continuar operando.

Las extorsiones funcionan como una recaudación paralela: comerciantes, transportistas y familias enfrentan pagos impuestos bajo amenaza. El control de rutas permite además decidir qué bienes ingresan y bajo qué condiciones, lo que eleva costos y dificulta el abastecimiento. Esa capacidad de coerción produce beneficios para las organizaciones armadas incluso cuando no existe una confrontación abierta.

Si una fuerza de seguridad recupera un camino o un barrio y logra mantenerlo abierto, las pandillas pueden perder una fuente de dinero y un instrumento de presión. Pero el control militar transitorio no necesariamente elimina la red que recauda, traslada y reinvierte los fondos. Para impedir su reconstrucción se necesitan investigaciones patrimoniales, justicia y servicios estatales permanentes.

La fragilidad de las recuperaciones territoriales aparece en los reportes de Naciones Unidas. El informe final del Panel de Expertos sobre Haití, S/2026/714, describe avances de seguridad en sectores de Puerto Príncipe, pero también el desplazamiento de la violencia hacia otras regiones, el control de carreteras estratégicas y la persistencia de redes criminales.

Quién financia a las organizaciones armadas

La pregunta sobre los beneficiarios de la inseguridad obliga a distinguir entre quienes sufren extorsiones y quienes financian deliberadamente a las bandas. Una empresa amenazada para poder operar no es equivalente a un actor que entrega recursos a una organización criminal con el propósito de obtener protección, favorecer negocios o condicionar una disputa política.

El FMI afirmó en su diagnóstico de 2025 que personas políticamente expuestas tienen antecedentes de financiar y armar grupos criminales a cambio de votos y protección. También consignó que ciertas élites económicas y políticas pueden beneficiarse mutuamente de esas relaciones. Se trata de un análisis institucional sobre patrones documentados, no de una acusación colectiva contra empresarios o funcionarios haitianos.

El mismo informe describe mecanismos mediante los cuales algunos actores utilizan pandillas para intimidar territorios, desplazar competidores o influir sobre procesos electorales. Cuando la fuerza reemplaza a la ley, el poder de negociación de quienes tienen acceso a grupos armados aumenta y los ciudadanos quedan expuestos a decisiones tomadas bajo amenazas.

Una eventual reducción de esa capacidad criminal podría quitar valor a los vínculos con las pandillas como herramientas de poder. Sin embargo, para atribuir a una persona concreta la intención de impedir el éxito de Bukele se necesitarían pruebas actuales sobre conductas, comunicaciones o financiamiento. Los antecedentes históricos no permiten imputar una conspiración presente.

Los nombres que aparecen en las sanciones internacionales

Existen casos individualizados que permiten observar la conexión entre violencia, influencia territorial y actores políticos sin recurrir a insinuaciones. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluyó al exdiputado haitiano Prophane Victor en su lista de sanciones el 27 de septiembre de 2024.

En los fundamentos publicados por el Comité de Sanciones, la ONU sostuvo que Victor apoyó y armó pandillas, traficó armas, desvió ingresos gubernamentales y utilizó la violencia para obtener beneficios políticos y económicos. El documento vinculó su actividad en Artibonite con el origen de Gran Grif, una de las organizaciones señaladas por graves abusos contra la población.

El 15 de diciembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea anunció sanciones contra el expresidente Michel Martelly y el exasesor y dirigente político Youri Latortue. Según la fundamentación oficial europea, ambos habían armado y financiado a varias pandillas para promover sus agendas políticas y defender intereses personales y económicos. La misma decisión incluyó al exsenador Rony Celestin por otras conductas señaladas por las autoridades europeas.

Estos antecedentes tienen un valor específico: muestran que organismos internacionales identificaron personas y hechos concretos, y aplicaron medidas restrictivas. Una sanción no equivale por sí sola a una condena penal definitiva, ni demuestra que esas personas dirijan hoy la resistencia a las tropas salvadoreñas. El vínculo verificable es histórico e institucional; cualquier afirmación adicional necesita evidencia independiente.

La existencia de esas redes explica por qué una política de seguridad que se limite a capturar a los combatientes visibles podría resultar insuficiente. Si los circuitos de dinero, armamento y protección política continúan, las organizaciones pueden recomponerse bajo nuevos dirigentes.

El negocio del tráfico de armas

Las pandillas haitianas necesitan abastecerse de armas y municiones para mantener su capacidad operativa. El suministro clandestino constituye otra actividad económica potencialmente afectada por una ofensiva prolongada y por una aplicación efectiva del embargo internacional.

El Panel de Expertos de la ONU informó en septiembre de 2026 que el embargo de armas seguía siendo vulnerado regularmente mediante redes transnacionales y desvíos de arsenales. El Consejo de Seguridad renovó las medidas de embargo y sanciones el 14 de octubre de 2026 mediante la resolución 2831.

Los corredores ilegales no dependen necesariamente de un único país o de una sola organización. Involucran intermediarios, rutas de transporte, ocultamiento de cargamentos y mecanismos financieros que dificultan rastrear a los beneficiarios finales. Por eso, la seguridad dentro de Haití debe complementarse con investigaciones sobre las operaciones que abastecen a los grupos armados.

Para quienes obtienen ganancias de ese comercio ilícito, una caída sostenida de la demanda criminal o una mejora de la capacidad estatal de interceptación representaría una pérdida económica. No hay que confundir ese incentivo con una declaración política expresa contra Bukele: es una consecuencia razonable del funcionamiento de un mercado ilegal, no una acusación individual.

La política haitiana y el control de las elecciones

La dimensión electoral agrega otra capa al problema. Haití no ha celebrado elecciones nacionales desde 2016. La muerte del presidente Jovenel Moïse en 2021 agravó una crisis institucional prolongada, durante la cual los gobiernos de transición enfrentaron dificultades para reconstruir la seguridad y organizar comicios.

El 29 de octubre de 2026, el Consejo Electoral Provisional anunció un nuevo calendario. Según EFE, la primera vuelta presidencial y legislativa, inicialmente prevista para diciembre de 2026, quedó aplazada al 18 de julio de 2027, y la segunda vuelta fue programada para el 4 de octubre del mismo año.

La organización de elecciones requiere caminos transitables, oficinas administrativas operativas, libertad de campaña y condiciones que permitan a los ciudadanos acudir a votar. Cuando una banda controla una comunidad mediante amenazas, puede afectar la participación y la actividad de candidatos y organizaciones políticas.

Recuperar la seguridad podría reducir esa capacidad de coerción y ampliar el margen para una competencia electoral. Pero la celebración de comicios también necesita padrones, recursos, justicia electoral, acuerdos institucionales y aceptación de reglas comunes. La intervención de fuerzas extranjeras no reemplaza esas tareas.

Un eventual debilitamiento de las pandillas podría alterar el equilibrio político precisamente porque limitaría el uso de la violencia como instrumento de influencia. Esto no autoriza a afirmar que toda demora electoral sea deliberada ni que todos los responsables de la transición obtengan beneficios de la inseguridad. Son hipótesis distintas que demandan pruebas diferentes.

Las empresas que sufren la violencia y las que podrían beneficiarse de ella

La economía haitiana tampoco puede dividirse entre empresarios ajenos al conflicto y empresarios asociados con las pandillas como si existieran dos bloques homogéneos. Buena parte de la actividad privada soporta cierres, robos, ataques, restricciones logísticas y pagos extorsivos. Esas empresas pueden beneficiarse de un entorno más seguro y previsible.

Otras investigaciones han señalado vínculos de determinados actores económicos con redes armadas. El análisis del FMI describe cómo algunos miembros de las élites recurren a pandillas para protección o para impulsar intereses empresariales. La distinción debe hacerse caso por caso y en función de pruebas sobre decisiones, recursos y relaciones.

La eliminación de puestos de control ilegales puede reducir costos de transporte, mejorar la competencia y permitir que nuevos negocios entren en mercados antes dominados por la intimidación. Pero esos efectos solo se consolidan si existen tribunales, fuerzas de seguridad sometidas a controles y procedimientos para denunciar abusos.

De lo contrario, una victoria militar puede simplemente desplazar el poder coercitivo de una organización hacia otra. La reconstrucción del Estado de derecho es la diferencia entre recuperar temporalmente un territorio y permitir que quienes viven allí desarrollen su actividad sin depender de acuerdos con grupos armados.

Los límites del modelo de seguridad salvadoreño

La experiencia de El Salvador es una referencia inevitable por la reducción de homicidios registrada durante el gobierno de Bukele. También es objeto de críticas documentadas por detenciones arbitrarias, afectaciones al debido proceso y abusos durante el régimen de excepción. Ambos aspectos forman parte de cualquier comparación seria.

Haití presenta diferencias sustanciales. Sus fuerzas de seguridad operan con restricciones de recursos y personal, el sistema penitenciario y judicial enfrenta dificultades severas, y las organizaciones armadas dominan rutas y enclaves estratégicos. La red de grupos y alianzas territoriales no reproduce exactamente la estructura de las maras salvadoreñas.

Una operación puede desplazar a una banda de un barrio, pero sostener ese avance exige presencia policial, administración pública, servicios de salud, escuelas y mecanismos judiciales. Sin ese despliegue institucional, las pandillas pueden recuperar los espacios o trasladar su actividad a zonas menos protegidas.

Además, la presencia de menores reclutados por grupos armados requiere protocolos de protección diferentes de los aplicables a combatientes adultos. Amnistía Internacional remarcó la necesidad de reglas claras para el uso de la fuerza y procedimientos de investigación de posibles violaciones de derechos humanos.

Por tanto, no puede asumirse que un resultado observado en El Salvador se reproducirá automáticamente en Haití. El éxito operativo, la protección de la población y la sostenibilidad institucional deben evaluarse mediante indicadores separados.

La discusión sobre soberanía y control de las tropas

Uno de los puntos más sensibles es el marco legal de los efectivos desplegados. Haití cuenta con una Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por el Consejo de Seguridad. La resolución 2829, adoptada el 29 de septiembre de 2026, prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027.

Sin embargo, el despliegue adicional salvadoreño no se incorporó de manera uniforme a esa estructura. El 9 de noviembre, Amnistía Internacional pidió que los gobiernos aclararan públicamente el acuerdo aplicable, las reglas de actuación, los mecanismos de supervisión y los canales de denuncia disponibles para la población.

La incertidumbre resulta relevante porque en Haití operan fuerzas policiales y militares nacionales, efectivos extranjeros y contratistas privados de seguridad. Diferentes cadenas de mando pueden dificultar la coordinación y la atribución de responsabilidades ante incidentes.

Reuters también informó sobre la participación de una compañía de seguridad vinculada con Erik Prince en operaciones contra las pandillas. La existencia de contratos de seguridad no prueba que quienes los prestan quieran prolongar la violencia. El análisis debe centrarse en el alcance de sus obligaciones, el control del Estado haitiano y los resultados verificables de la intervención.

Cuestionar estos aspectos institucionales no significa defender el control criminal. Una población sometida por pandillas necesita protección y, al mismo tiempo, garantías frente a acciones arbitrarias de quienes dicen actuar para liberarla. Ambas exigencias pueden sostenerse sin contradicción.

La posición de Estados Unidos y los intereses regionales

La situación de Haití tiene consecuencias para otros países del Caribe y para Estados Unidos: migración, tráfico de armas, seguridad marítima, ayuda humanitaria y cooperación policial. Por eso participan actores extranjeros con intereses diversos, no necesariamente idénticos.

Reuters informó a fines de octubre que aeronaves militares estadounidenses colaboraron con el traslado de efectivos salvadoreños. La asistencia logística es un dato concreto; no demuestra por sí sola que Washington haya aprobado todos los objetivos, mecanismos o tiempos de la operación.

República Dominicana comparte la isla de La Española con Haití y enfrenta tensiones particulares relacionadas con la frontera, los desplazamientos de población y los intercambios comerciales. Una mejora duradera de la seguridad haitiana podría reducir algunas presiones, pero el alcance regional dependería también de decisiones económicas y migratorias independientes.

La actuación de potencias y organismos internacionales requiere examinar acuerdos públicos, financiamiento, mandatos y resultados. No existen pruebas suficientes para concluir que un gobierno extranjero determinado pretenda conservar a las pandillas en el poder para obtener beneficios. Atribuir esa intención sin documentación convertiría el análisis en especulación.

El costo humanitario y la prueba de los resultados

La principal consecuencia de la violencia no se mide en la disputa entre dirigentes, sino en la vida cotidiana de la población. El análisis de inseguridad alimentaria IPC publicado el 28 de octubre de 2026 calculó que 5,94 millones de personas, equivalentes al 53% de la población analizada, enfrentaban inseguridad alimentaria aguda entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

De ellas, 1,8 millones se encontraban en fase de emergencia. Para marzo-junio de 2027, el mismo estudio proyectó que la cifra total de personas afectadas podría llegar a 6,35 millones. Son proyecciones condicionadas por la evolución de la crisis, no resultados ya observados.

La inseguridad restringe el acceso a mercados y centros de salud, interrumpe actividades agrícolas y obliga a familias a abandonar sus hogares. La recuperación de las rutas de abastecimiento y de las comunidades puede contribuir a mejorar estas condiciones, siempre que las operaciones no generen daños adicionales sobre civiles.

Para evaluar una estrategia de seguridad no basta con contabilizar arrestos o enfrentamientos. También importa saber si disminuyen las extorsiones, si funcionan los transportes, si los niños vuelven a la escuela, si se restablece el comercio y si los desplazados pueden regresar de manera segura.

El anuncio de una visita del primer ministro haitiano a El Salvador para discutir el futuro de las tropas, informado por Associated Press el 9 de noviembre, muestra que el despliegue sigue sujeto a definiciones políticas e institucionales. Su duración, autoridad y alcance operativo forman parte de las decisiones pendientes.

Qué actores perderían influencia si se desarticulan las pandillas

Los informes disponibles permiten identificar categorías de intereses, no construir una lista de enemigos políticos sin pruebas. Los primeros afectados serían los grupos armados que cobran extorsiones, dominan rutas y utilizan la violencia para recaudar. También podrían verse perjudicadas las redes de tráfico de armas y los intermediarios que sostienen su abastecimiento.

Los antecedentes de sanciones internacionales demuestran que determinadas figuras políticas y económicas financiaron o apoyaron a organizaciones violentas. Un Estado capaz de garantizar la seguridad y celebrar elecciones libres reduciría el valor de esas conexiones como instrumentos de poder.

Al mismo tiempo, las objeciones relativas a soberanía, derechos humanos y legalidad del operativo deben examinarse por sus propios fundamentos. No hay base para equiparar a defensores de garantías institucionales con financistas de organizaciones criminales.

La pregunta sobre quién pierde con el debilitamiento de las pandillas tiene, por tanto, una respuesta verificable en términos de incentivos económicos y estructuras documentadas. Otra pregunta, todavía abierta, es si el despliegue impulsado por Bukele podrá transformar avances militares en instituciones haitianas capaces de sostenerlos.

Mientras subsistan el financiamiento ilegal, el tráfico de armas y los mecanismos de protección política, la violencia puede reorganizarse aun después de derrotas territoriales. El indicador decisivo no será la ocupación momentánea de una calle, sino que sus habitantes puedan vivir, comerciar, estudiar y participar de la vida pública sin depender de quienes ejercen el control mediante amenazas.

Alejandro José

Alejandro Daniel José es experto en inteligencia artificial, estratega líder en marketing digital con amplia experiencia en sectores como Real Estate y Tecnología, además…

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