Política

Causa Cuadernos: péguenle a Cabot para voltear el juicio

Alejandro José Actualizado 16 min de lectura Compartir

La jornada del martes 5 de mayo en el juicio por la Causa Cuadernos dejó una imagen difícil de disimular: Diego Cabot, el periodista que recibió las anotaciones de Oscar Centeno y encabezó la investigación periodística que detonó uno de los mayores expedientes de corrupción de la Argentina, quedó sentado durante una audiencia maratónica frente a una estrategia defensiva que pareció tener un objetivo político y procesal muy claro: desgastarlo, arrinconarlo y convertirlo a él en el verdadero acusado moral del caso.

Según LA NACION, Cabot declaró durante más de 11 horas como testigo ante el Tribunal Oral Federal N°7, en la audiencia más larga celebrada hasta el momento. Sobre el final, el tribunal le exhibió los cuadernos originales y el periodista los reconoció como los registros sobre los que trabajó. “Los cuadernos eran originales”, había afirmado ante una consulta de la fiscalía, de acuerdo con la crónica publicada por ese medio. (LA NACION)

El dato no es menor. La defensa de varios imputados viene intentando instalar desde hace años que la causa se apoya en fotocopias, papeles manipulados, arrepentidos condicionados y una investigación contaminada de origen. Pero el juicio ya atravesó filtros judiciales relevantes. El propio Tribunal Oral Federal N°7 rechazó en marzo las cuestiones preliminares planteadas por 55 defensas que representan a 68 imputados, según informó Fiscales.gob.ar. Esos planteos apuntaban, entre otros puntos, contra la veracidad de los cuadernos, la legitimidad de la UIF, el régimen del imputado colaborador y distintos actos procesales. (Fiscales)

Por eso la escena de este martes fue tan reveladora. Si la prueba ya sobrevivió a múltiples embates, si el tribunal ya rechazó planteos de nulidad y si los cuadernos originales fueron exhibidos en audiencia, el blanco disponible para erosionar el caso deja de ser solamente el expediente y pasa a ser el mensajero. La consigna no escrita parece haber sido: si no se puede tirar abajo todo de una vez, hay que pegarle a Cabot.

La jornada que convirtió al testigo en blanco

Cabot no llegó al juicio como imputado. Llegó como testigo. Esa diferencia debería importar. Un testigo declara, responde, aclara, reconstruye y se retira. No debería quedar atrapado en una suerte de interrogatorio interminable que, más que buscar precisión, se asemeje a una prueba de resistencia física y psicológica.

Infobae informó que el periodista comenzó a declarar pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 7 y abrió la etapa de declaraciones testimoniales, con preguntas de la fiscal Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera y las defensas. También consignó que Oscar Centeno estuvo presente en la audiencia y no dejó de tomar notas. (infobae)

La secuencia fue absurda por su extensión y peligrosa por su mensaje. Cabot estaba citado junto a otros periodistas de LA NACION, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes también integraron el equipo que trabajó sobre la investigación. Sin embargo, la jornada quedó consumida casi por completo por su declaración. Según LA NACION, los otros dos periodistas continuarán en una audiencia posterior. (LA NACION)

La pregunta política e institucional es inevitable: ¿qué clase de conducción del debate permite que un testigo sea sometido a semejante desgaste durante una sola jornada? La respuesta formal será que las partes tienen derecho a preguntar. Es cierto. Nadie discute el derecho de defensa. Pero el derecho de defensa no puede transformarse en una licencia para convertir el juicio en un campo de hostigamiento escénico.

La función de los jueces no es mirar cómo las partes consumen horas hasta agotar al testigo. La función de los jueces es conducir el debate, ordenar la prueba, evitar repeticiones, impedir desbordes y garantizar que el proceso avance hacia la verdad judicial, no hacia la demolición personal de quien reveló el caso.

La pasividad judicial como problema político

La palabra “pasividad” queda corta. Lo que se vio en la audiencia de Cabot se inscribe en un problema más profundo: la Justicia argentina parece muchas veces incapaz de administrar causas de corrupción de alto voltaje sin convertirlas en laberintos interminables, rituales burocráticos o espectáculos de desgaste.

La Causa Cuadernos comenzó como una investigación periodística explosiva y derivó en un expediente judicial de dimensiones históricas. El País describió el inicio del juicio oral, en noviembre de 2025, como el mayor juicio por corrupción de la historia argentina, con 87 imputados, entre ellos 20 exfuncionarios kirchneristas y 65 empresarios. La acusación fiscal atribuye a Cristina Fernández de Kirchner el rol de jefa de una asociación ilícita y la señala como beneficiaria final de al menos 38 pagos por 17,2 millones de dólares durante sus años de gobierno. (El País)

Frente a semejante caso, la respuesta institucional debería ser velocidad, publicidad, orden y firmeza. Pero el arranque del juicio ya había mostrado señales preocupantes. LA NACION informó en noviembre de 2025 que el debate comenzaría con una audiencia semanal, los jueves, por Zoom, y que recién en marzo pasaría a dos audiencias semanales, pese a que el proceso podía extenderse durante años. (LA NACION)

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales fue más duro: sostuvo que un debate de esta magnitud no debería realizarse en “cómodas cuotas” de una, dos o tres audiencias semanales y recordó que el Código Procesal Penal de la Nación exige audiencias consecutivas hasta su terminación. (Inicip)

Ese es el punto. La Justicia argentina no necesita solamente ser independiente. Necesita parecer seria. Y un juicio de corrupción estructural no parece serio si arranca a ritmo cansino, si se organiza como trámite remoto de baja intensidad, si amenaza con durar años y si, cuando finalmente llega un testigo central, se lo deja expuesto durante más de once horas a una dinámica de desgaste.

El juicio que no puede depender del agotamiento

El caso Cuadernos no se define por la simpatía o antipatía que despierte Cabot. Tampoco por su estilo periodístico, sus fuentes, sus vínculos profesionales o la incomodidad que su investigación generó en el poder político y empresario. Se define por hechos, documentos, declaraciones, peritajes, confesiones, imputaciones y decisiones judiciales.

Sin embargo, la estrategia defensiva parece apuntar a una zona más emocional: transformar al periodista en el punto débil del relato. No alcanza con discutir la prueba; hay que sospechar del origen. No alcanza con cuestionar la cadena de custodia; hay que sembrar dudas sobre quien recibió el material. No alcanza con discutir las anotaciones; hay que convertir al periodista en protagonista de una conspiración.

Es una táctica conocida. Cuando el contenido incomoda, se ataca al intermediario. Cuando el expediente sobrevive, se golpea al denunciante. Cuando la prueba resiste, se erosiona al mensajero.

La maniobra tiene sentido desde la lógica de la defensa. Lo que no tiene sentido es que los jueces permitan que el debate derive en una especie de resistencia extrema para un testigo. Porque si cada testimonio clave se transforma en una maratón de desgaste, el juicio no avanzará hacia una sentencia: avanzará hacia el cansancio, la confusión y la prescripción social.

El elefante en la sala: el kirchnerismo judicializado

La Causa Cuadernos toca una fibra central de la política argentina: la relación entre el kirchnerismo, la obra pública, los empresarios contratistas y el financiamiento ilegal del poder. Según la acusación fiscal citada por El País, el supuesto sistema habría operado entre 2003 y 2015 mediante acuerdos con empresarios de compañías nacionales e internacionales que recibían beneficios estatales a cambio de pagos ilegales. (El País)

La expresidenta niega los cargos, denuncia persecución judicial y califica la causa como un montaje político. Eso forma parte de su estrategia. Tiene derecho a defenderse. Pero también la sociedad tiene derecho a que el juicio no se convierta en una carrera de obstáculos diseñada para que nunca termine.

El dato institucional es escandaloso: la investigación explotó públicamente en 2018 y el juicio oral recién comenzó en noviembre de 2025. Siete años para llegar al debate. Después, audiencias semanales o bisemanales. Más de 400 testigos previstos, según informó El País. Un expediente de semejante tamaño, administrado a ese ritmo, puede transformarse en una sentencia diferida hasta la irrelevancia. (El País)

Ahí aparece el problema de fondo: cuando la Justicia tarda demasiado, no solo demora la condena o la absolución. También erosiona la verdad pública. Beneficia al poderoso que puede esperar. Castiga al ciudadano que mira desde afuera. Convierte el proceso penal en una negociación con el tiempo.

Desde una mirada liberal y republicana, el punto es simple: no hay Estado de Derecho si la Justicia se vuelve inofensiva frente al poder. El debido proceso protege derechos, no garantiza impunidad por agotamiento.

Cabot, el mensajero que quieren convertir en problema

Diego Cabot no escribió los cuadernos. No manejó los autos. No entregó bolsos. No adjudicó obra pública. No integró un ministerio. No fue empresario contratista. No firmó decretos. No administró fondos públicos. Su rol fue periodístico: recibió material, investigó, contrastó, publicó y entregó información que luego derivó en una causa judicial.

LA NACION reconstruyó que Cabot relató cómo un vecino, Jorge Bacigalupo, le confió una caja con ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, con registros de viajes realizados durante diez años por funcionarios kirchneristas. Según esa crónica, Cabot describió que en la caja también había facturas, DVDs y CDs, y explicó que empezó a trabajar sobre ese material. (LA NACION)

La defensa puede preguntar. Puede indagar. Puede buscar contradicciones. Puede examinar el origen del material. Pero hay una línea fina entre controlar la prueba y convertir el interrogatorio en una operación de demolición.

Este martes, esa línea quedó peligrosamente cerca. Porque la duración no fue un detalle administrativo. Fue el mensaje. Más de once horas frente a un testigo no son solamente una audiencia larga. Son una señal para cualquiera que, en el futuro, piense en entregar información sensible sobre corrupción: preparate, porque el sistema también puede triturarte a vos.

La impunidad también se construye con cansancio

No toda impunidad nace de una absolución escandalosa. Algunas impunidades nacen antes, mucho antes. Nacen en los expedientes eternos, en las audiencias espaciadas, en los planteos multiplicados, en las nulidades repetidas, en las transmisiones discutidas, en los testigos agotados y en los tribunales que parecen administrar el tiempo como si el tiempo no fuera parte de la justicia.

Página/12 informó que el Tribunal Oral Federal 7 finalmente habilitó la transmisión completa de las audiencias del juicio. El dato resulta relevante porque la publicidad del debate es una garantía básica en una causa de semejante impacto político e institucional. (Página|12)

Pero la publicidad no alcanza si el juicio se vuelve inentendible por agotamiento. La sociedad puede mirar una transmisión, pero no puede seguir durante años un proceso desordenado, fragmentado y deliberadamente fatigoso. La transparencia formal no reemplaza la eficacia judicial.

La Argentina conoce demasiado bien este mecanismo: causas monumentales, pruebas voluminosas, imputados poderosos, defensas sofisticadas, jueces prudentes hasta la parálisis y un público que, con el tiempo, deja de mirar. Cuando la sociedad deja de mirar, el sistema respira. Y cuando el sistema respira, el expediente se convierte en rutina.

Los jueces no son espectadores

El Tribunal Oral Federal N°7 tiene una responsabilidad histórica. No se trata de complacer a la opinión pública ni de condenar por presión mediática. Se trata de conducir con firmeza un juicio que involucra a expresidentes, exfuncionarios, empresarios y una estructura de presunta corrupción estatal que atravesó áreas sensibles del Estado.

Fiscales.gob.ar informó que el tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como cuarto juez suplente. (Fiscales)

Esos jueces no pueden actuar como administradores neutrales de un trámite cualquiera. Deben ser garantes activos del proceso. Activos no quiere decir parciales. Activos quiere decir atentos. Activos quiere decir firmes. Activos quiere decir capaces de impedir que el juicio se degrade en una pulseada de desgaste.

La imparcialidad no exige indiferencia. Un juez imparcial no es un juez pasivo. Un juez imparcial es el que escucha a todas las partes, pero también ordena, limita, encauza y evita abusos procesales. Si el tribunal permite que cada defensa transforme a cada testigo en una víctima de agotamiento, el juicio se desnaturaliza.

El problema no es que los abogados defensores defiendan. Ese es su trabajo. El problema es que el tribunal no marque el límite entre defensa legítima y obstrucción por saturación.

La vieja táctica: discutir el procedimiento para no discutir el fondo

En los grandes casos de corrupción, el fondo suele ser incómodo. ¿Hubo recaudación ilegal? ¿Quién pagó? ¿Quién cobró? ¿Quién organizó? ¿Qué empresarios participaron? ¿Qué funcionarios intervinieron? ¿Qué obras, contratos o beneficios estatales estuvieron en juego? ¿Qué responsabilidad política y penal corresponde a cada imputado?

Como esas preguntas son duras, muchas defensas prefieren correr el eje. Entonces el debate pasa a ser otro: cómo llegó la prueba, quién la recibió, si había fotocopias, si hubo tachaduras, si hubo forum shopping, si el fiscal, si el juez, si el periodista, si el medio, si la oportunidad política.

Algunas de esas discusiones pueden ser relevantes. Nadie serio niega que la prueba debe ser controlada. Pero cuando todo el juicio se convierte en un ataque al origen, el efecto político es claro: se pierde de vista el núcleo de la acusación.

El Tribunal Oral Federal 7 ya rechazó planteos preliminares vinculados con la veracidad de los cuadernos, el régimen de imputado colaborador y otros actos procesales, según Fiscales.gob.ar. (Fiscales) Eso no clausura todo debate probatorio, pero sí debería impedir que el juicio retroceda eternamente al punto cero.

El país no puede vivir en una cinta sin fin donde cada audiencia vuelve a discutir si el juicio debe existir. El juicio ya existe. Ahora debe avanzar.

El periodismo bajo presión

La declaración de Cabot también abre otro capítulo: el lugar del periodismo de investigación en una democracia degradada por la corrupción. Un periodista que revela información sensible puede incomodar al poder político, al poder judicial, al poder económico y a sus redes de protección. Esa incomodidad es parte de su función pública.

Pero si el sistema judicial transforma al periodista en blanco, el mensaje social es devastador. No solo se discute una nota. Se discute si vale la pena investigar. Se discute si vale la pena recibir documentos. Se discute si vale la pena publicar información que compromete a los poderosos.

La prensa no está por encima de la ley. Cabot debe responder preguntas como cualquier testigo. Pero tampoco está por debajo de las garantías mínimas que merece cualquier ciudadano. Someterlo a una jornada interminable, con una intensidad que excede lo razonable, no fortalece el juicio. Lo contamina.

Y acá aparece una paradoja brutal: quienes denuncian persecución judicial terminan impulsando una dinámica que se parece demasiado a una persecución contra el periodista que reveló los hechos. Quieren que el juicio sea sobre Cabot, no sobre los bolsos. Sobre el origen de la noticia, no sobre el destino del dinero. Sobre el mensajero, no sobre el sistema.

La Argentina que Milei prometió dejar atrás

La Causa Cuadernos no es un expediente más. Es una radiografía del viejo régimen argentino: obra pública, empresarios amigos, funcionarios con poder discrecional, recaudación política, impunidad judicial y una sociedad obligada a financiar con impuestos un Estado que muchas veces funcionó como botín.

El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una promesa de ruptura frente a ese modelo. La motosierra no puede ser solo fiscal. También debe ser institucional. Un país liberal necesita impuestos bajos, gasto controlado, moneda sana y apertura económica, pero también necesita una Justicia que no tiemble ante el poder.

No hay capitalismo serio si los contratos públicos se reparten como premios políticos. No hay república si la corrupción estatal prescribe en cámara lenta. No hay libertad real si el ciudadano común cumple la ley mientras los poderosos pueden litigar durante décadas hasta volver irrelevante cualquier consecuencia.

La batalla cultural contra la casta no se agota en el Congreso ni en la Casa Rosada. También se juega en Comodoro Py. Y ahí, demasiadas veces, la casta conoce todos los pasillos, todos los tiempos muertos y todos los trucos procesales.

El riesgo de normalizar lo anormal

Un testigo no debería declarar más de once horas como si eso fuera normal. Un juicio de esta magnitud no debería avanzar en cuotas eternas como si el país tuviera paciencia infinita. Una causa de corrupción estructural no debería depender de que la ciudadanía mantenga la atención durante años. Un tribunal no debería mirar impasible cómo una audiencia se transforma en una batalla de agotamiento.

La palabra que mejor describe lo ocurrido no es “intensidad”. Es “desmesura”. Y la desmesura, cuando afecta a un testigo clave, produce efectos políticos. La defensa puede decir que solo ejerció su derecho. El tribunal puede decir que garantizó amplitud probatoria. Pero el resultado visible fue otro: Cabot quedó expuesto a una jornada demoledora mientras el debate central volvía a desplazarse hacia el periodista.

La Justicia debe cuidar el equilibrio. Si limita demasiado, puede afectar el derecho de defensa. Si no limita nada, puede habilitar abusos. Ese equilibrio exige jueces presentes, no meros moderadores de una transmisión.

El juicio que debe mirar al poder, no al periodista

La Causa Cuadernos debe responder si existió una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos vinculados a contratos estatales. Debe determinar responsabilidades individuales. Debe probar o descartar acusaciones. Debe distinguir entre culpables e inocentes. Debe hacerlo con reglas claras, prueba controlada y sentencia fundada.

Lo que no puede hacer es convertirse en un teatro de inversión moral donde el periodista termina sentado simbólicamente en el banquillo mientras los acusados ganan tiempo.

Cabot no es la causa. Cabot fue una puerta de entrada. La causa son los hechos investigados. La causa son los cuadernos. La causa son las declaraciones. La causa son los empresarios. La causa son los exfuncionarios. La causa es el presunto sistema de recaudación ilegal que, según la acusación fiscal, operó durante años alrededor del Estado.

El martes 5 de mayo dejó una postal incómoda: un testigo agotado, defensas insistentes y jueces que debieron mostrar más autoridad para evitar que el proceso se confundiera con una emboscada de desgaste.

La Argentina necesita que este juicio termine con verdad judicial, no con cansancio. Necesita jueces que conduzcan, no jueces que contemplen. Necesita defensas que defiendan, no estrategias que conviertan cada audiencia en una trituradora. Necesita que el caso Cuadernos se resuelva por la prueba, no por la capacidad de destruir al periodista que encendió la luz.

Porque si la consigna pasa a ser “péguenle a Cabot”, el mensaje para el país es miserable: tocar al poder todavía sale caro.

Alejandro José

Alejandro Daniel José es experto en inteligencia artificial, estratega líder en marketing digital con amplia experiencia en sectores como Real Estate y Tecnología, además…

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