Inocencia Fiscal II aprobada ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo consiguió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones para avanzar con una reforma que amplía el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, elimina los topes de ingresos y patrimonio que actualmente limitan su acceso y modifica las condiciones bajo las cuales ARCA puede revisar o impugnar las declaraciones de los contribuyentes. El proyecto será enviado ahora al Senado y todavía necesita convertirse en ley antes de que sus nuevas disposiciones entren plenamente en vigencia.
La votación cerró una extensa jornada legislativa en la que el Gobierno también obtuvo la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Para la administración de Javier Milei, ambos proyectos forman parte de una agenda destinada a reducir restricciones, establecer reglas fiscales más previsibles y modificar mecanismos que, según el Poder Ejecutivo, durante años incentivaron a personas y empresas a mantener activos y ahorros fuera del circuito formal.
El nuevo texto de Inocencia Fiscal II no constituye un blanqueo general ni elimina automáticamente deudas tributarias. Su núcleo está puesto en otro aspecto: ampliar el universo que puede utilizar la declaración simplificada de Ganancias y establecer límites más objetivos a la capacidad de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, conocida como ARCA.
La media sanción también incorporó cambios respecto de la propuesta original del Ejecutivo. Entre ellos aparecen restricciones especiales para funcionarios públicos, un tratamiento diferenciado para los Grandes Contribuyentes Nacionales y reducciones de determinadas multas para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
Qué aprobó Diputados con Inocencia Fiscal II
La Cámara baja aprobó la iniciativa por 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. Con ese resultado, el proyecto quedó habilitado para continuar su trámite en el Senado.
La aprobación no significa que las modificaciones estén vigentes desde ahora. Para que la reforma tenga fuerza de ley necesita superar el tratamiento del Senado. Si la Cámara alta aprueba el mismo texto, el proyecto podrá ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si introduce modificaciones, deberá regresar a Diputados para completar el procedimiento legislativo.
Esa distinción resulta importante porque actualmente continúa funcionando el régimen establecido por la Ley 27.799 y su reglamentación. La media sanción obtenida esta semana no reemplaza todavía esas reglas.
La reforma busca ampliar significativamente el alcance del sistema simplificado. El Gobierno sostiene que el objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica para que contribuyentes cumplidores puedan formalizar ahorros y utilizar fondos que permanecen fuera del sistema sin quedar expuestos a fiscalizaciones amplias por cuestiones que no necesariamente implican evasión.
Qué es el régimen simplificado de Ganancias
El régimen vigente permite que determinadas personas humanas y sucesiones indivisas utilicen una declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias.
En lugar de partir de una reconstrucción completa del patrimonio y del consumo del contribuyente, ARCA pone a disposición una declaración basada principalmente en la información sobre ingresos y gastos deducibles que ya posee.
El contribuyente puede revisar esa información, efectuar los ajustes que correspondan y presentar la declaración.
Según explicó ARCA al reglamentar el sistema durante 2026, uno de los cambios centrales consiste en que el organismo deja de utilizar automáticamente los gastos personales y las variaciones patrimoniales como eje para determinar si existe una irregularidad.
La lógica del régimen es establecer una presunción de exactitud cuando el contribuyente cumple las condiciones, presenta la declaración y paga en término. Esa protección alcanza al período fiscal base y, bajo determinadas condiciones, genera efectos sobre declaraciones de Ganancias e IVA correspondientes a períodos no prescriptos.
ARCA mantiene facultades de control. La diferencia es que debe demostrar la existencia de determinadas circunstancias antes de poder desconocer la protección que ofrece el régimen.
Los topes que Inocencia Fiscal II busca eliminar
Uno de los cambios más importantes de la reforma aprobada en Diputados es la eliminación de los límites económicos que actualmente restringen el ingreso al sistema simplificado.
La normativa vigente establece que, para utilizar el régimen, una persona no puede haber superado determinados niveles de ingresos y patrimonio en los períodos considerados.
El límite actual de ingresos es de $1.000 millones anuales y el patrimonio total no puede superar los $10.000 millones.
La reglamentación vigente toma en cuenta los bienes ubicados tanto en la Argentina como en el exterior y analiza el cumplimiento de las condiciones durante los ejercicios previstos por la ley.
Inocencia Fiscal II elimina ambas barreras para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
De acuerdo con la explicación brindada por el Ministerio de Economía cuando presentó la reforma en julio, el objetivo es que el nivel de ingresos o la cantidad de patrimonio de una persona no constituyan por sí solos una razón para impedirle acceder a la modalidad simplificada.
Si el proyecto se convierte en ley con el texto aprobado por Diputados, una persona que exceda los actuales $1.000 millones de ingresos o los $10.000 millones de patrimonio ya no quedará automáticamente afuera por esos montos.
Qué ocurre con los Grandes Contribuyentes
La eliminación de los topes no significa que todos los contribuyentes obtengan exactamente los mismos beneficios.
La reforma establece un tratamiento específico para quienes ARCA clasifica como Grandes Contribuyentes Nacionales.
Según la presentación realizada por el Ministerio de Economía, esos sujetos podrán utilizar la modalidad simplificada como mecanismo operativo para la determinación y presentación del impuesto.
Sin embargo, no accederán a las principales protecciones adicionales previstas para el resto de los adherentes.
Entre los beneficios que no podrán utilizar se encuentran la presunción de exactitud, determinados efectos liberatorios y otras protecciones especiales frente a fiscalizaciones.
En términos prácticos, el Gran Contribuyente podrá aprovechar un mecanismo más simple para calcular y presentar Ganancias, pero su incorporación al sistema no tendrá el mismo efecto jurídico que la adhesión de una persona que no pertenece a esa categoría.
Este punto fue incorporado para ampliar el uso de la declaración simplificada sin trasladar automáticamente las protecciones más fuertes a los contribuyentes de mayor relevancia fiscal.
Funcionarios públicos quedan afuera de los beneficios
Otro de los cambios centrales apareció durante la negociación legislativa.
El oficialismo aceptó incorporar restricciones específicas para funcionarios y exfuncionarios después de que distintos bloques plantearan objeciones acerca de la posibilidad de que personas con responsabilidades públicas pudieran utilizar las protecciones del régimen.
El texto con media sanción excluye de los beneficios especiales a quienes ocupen o hayan ocupado durante los últimos cinco años determinados cargos de alta responsabilidad en los distintos poderes y niveles del Estado.
La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios de alta jerarquía, legisladores, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y otras autoridades expresamente comprendidas en la norma.
Esos sujetos podrán utilizar el sistema simplificado como herramienta operativa para presentar la declaración jurada y cancelar el saldo que corresponda, pero no obtendrán la presunción de exactitud ni las protecciones tributarias adicionales.
De esta manera, la reforma distingue entre simplificar el procedimiento de presentación y conceder beneficios jurídicos frente a futuras fiscalizaciones.
La regla del 15% para las diferencias con ARCA
Inocencia Fiscal II también busca precisar cuándo una diferencia detectada por ARCA puede considerarse suficientemente importante como para desconocer las protecciones del régimen.
El proyecto establece criterios objetivos para definir lo que denomina una “discrepancia significativa”.
Uno de ellos aparece cuando la fiscalización produce un incremento del impuesto determinado por el organismo, o una reducción de quebrantos o saldos a favor, equivalente al menos al 15% de lo declarado por el contribuyente.
También puede configurarse cuando la diferencia en pesos supera el monto establecido por el Régimen Penal Tributario para la evasión simple.
El esquema intenta evitar que diferencias menores habiliten automáticamente una revisión mucho más amplia sobre ejercicios anteriores.
El Gobierno sostiene que establecer umbrales conocidos de antemano reduce la discrecionalidad del organismo y ofrece al contribuyente una referencia objetiva para conocer cuándo una inconsistencia puede tener consecuencias mayores.
También aparece un piso de $5 millones
El texto aprobado incorpora además una regla de razonabilidad para diferencias nominales pequeñas.
Según el dictamen que llegó al recinto, una diferencia igual o inferior al 5% del umbral monetario previsto para la evasión simple no será considerada por sí sola una discrepancia significativa.
Con el umbral penal actualmente fijado en $100 millones, ese 5% representa $5 millones.
La regla busca impedir que inconsistencias nominalmente reducidas, aun cuando puedan generar una corrección de la declaración, disparen automáticamente el mecanismo excepcional que permite a ARCA impugnar la protección del régimen simplificado.
Esto no significa que una diferencia menor quede perdonada o que el impuesto deje de ser exigible. La distinción está relacionada con el alcance de la fiscalización y con las condiciones necesarias para destruir la presunción de exactitud.
Los 15 días hábiles para subsanar diferencias
La reforma incorpora otra herramienta relevante para los contribuyentes que detecten o reciban una observación sobre una inconsistencia.
El texto contempla una ventana de 15 días hábiles para rectificar y cancelar la diferencia correspondiente en los supuestos previstos, evitando que esa situación configure automáticamente la causal de impugnación del régimen.
La existencia de un período de subsanación apunta a diferenciar los errores corregibles de conductas que justifican una fiscalización de mayor alcance.
El principio también se encuentra relacionado con la reglamentación vigente, que ya reconoce efectos diferentes para las rectificaciones espontáneas efectuadas antes de que ARCA notifique formalmente una intervención.
La combinación entre parámetros porcentuales, pisos monetarios y posibilidad de corrección intenta generar un sistema donde las consecuencias dependan de la magnitud y características concretas de la diferencia.
La carga de la prueba queda sobre ARCA
Otro aspecto importante es quién debe demostrar que existe una irregularidad suficiente para impugnar la declaración.
El régimen establece que la carga probatoria corresponde a ARCA.
El organismo debe fundamentar su decisión utilizando la información declarada por el contribuyente, los registros disponibles en sus sistemas y los datos aportados por terceros.
La lógica supone un cambio respecto de esquemas donde el contribuyente podía quedar obligado a justificar movimientos patrimoniales o consumos aun cuando el organismo no hubiese identificado previamente una inconsistencia tributaria concreta.
La reforma profundiza ese enfoque al establecer límites adicionales al uso aislado de determinadas presunciones.
Qué pasa con los depósitos bancarios
Uno de los objetivos declarados por el Gobierno es facilitar que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero puedan incorporarse al circuito formal.
La cuestión tuvo especial relevancia desde la sanción del régimen original porque una de las principales dudas de los contribuyentes era si depositar fondos previamente mantenidos en efectivo podía provocar automáticamente una fiscalización patrimonial.
La reglamentación de Inocencia Fiscal estableció que ARCA no debe analizar el incremento patrimonial, incluidos los depósitos bancarios, como mecanismo automático de verificación dentro del régimen simplificado.
Inocencia Fiscal II busca reforzar esas garantías y limitar hasta el 31 de diciembre de 2027 el uso de determinadas presunciones basadas exclusivamente en depósitos bancarios.
Eso no transforma cualquier suma de dinero en fondos automáticamente legalizados.
Las normas contra el lavado de activos, los controles del sistema financiero y las obligaciones aplicables a fondos provenientes de actividades ilícitas continúan vigentes.
La modificación apunta a una cuestión distinta: evitar que la mera incorporación de ahorros al sistema financiero sea considerada por sí sola una demostración de evasión tributaria.
¿Inocencia Fiscal II es un blanqueo?
Durante el debate parlamentario, sectores de la oposición caracterizaron el proyecto como una nueva forma de blanqueo.
El Gobierno rechaza esa definición.
Las diferencias jurídicas son relevantes.
Un régimen tradicional de exteriorización suele permitir declarar activos previamente ocultos mediante condiciones especiales, frecuentemente acompañado por un impuesto particular, una penalidad o una liberación explícita respecto de determinadas obligaciones pasadas.
Inocencia Fiscal II no establece un procedimiento general de exteriorización bajo esas características.
Lo que modifica es el mecanismo de declaración de Ganancias, los límites para ingresar al régimen, las presunciones de exactitud y las condiciones en que ARCA puede revisar períodos fiscales.
El efecto económico buscado puede ser que más personas decidan utilizar ahorros que estaban fuera del circuito formal, pero eso no convierte automáticamente al proyecto en una amnistía tributaria general.
Qué cambia para las MiPyMEs
La negociación en Diputados incorporó también un beneficio sobre determinadas sanciones formales.
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no tengan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales podrán acceder a una reducción permanente del 25% en determinadas multas formales previstas por la Ley de Procedimiento Fiscal.
El objetivo es reducir el impacto económico que determinados incumplimientos administrativos pueden generar sobre contribuyentes de menor escala.
El dictamen también contempla reglas favorables para determinadas infracciones anteriores que todavía no se encuentren firmes o canceladas, sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas en el proyecto.
Estas disposiciones tienen una lógica diferente de la declaración simplificada, pero fueron incorporadas dentro de la reforma como parte de un paquete destinado a modificar la relación entre el organismo recaudador y los contribuyentes.
Qué no cambia todavía
La media sanción no modifica inmediatamente las obligaciones vigentes.
Hasta que el Congreso complete el tratamiento y la norma sea promulgada, los contribuyentes continúan sujetos al régimen actualmente vigente.
Esto incluye los requisitos actuales para ingresar al sistema simplificado y las resoluciones que ARCA ya dictó para su implementación.
Quien hoy deba efectuar una presentación no puede asumir que la eliminación de topes aprobada por Diputados ya se encuentra operativa.
Tampoco puede considerar que una futura sanción tendrá automáticamente efectos sobre todos los trámites iniciados previamente. Ese alcance dependerá del texto definitivo de la ley y de su reglamentación.
ARCA volvió a prorrogar Ganancias 2025
La situación legislativa coincide con otro cambio relevante para los contribuyentes.
ARCA informó el 25 de agosto que volvió a extender el plazo para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias correspondientes al período fiscal 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas.
La nueva fecha de presentación es el 22 de septiembre de 2026.
La modificación fue establecida mediante la Resolución General 5890/2026 y alcanza tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes se encuentran dentro del Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El organismo también trasladó al 24 de septiembre el ingreso del primer anticipo de Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.
La fecha para pagar el saldo de Ganancias 2025, en cambio, había quedado establecida anteriormente en el 27 de julio.
La prórroga administrativa y la media sanción de Inocencia Fiscal II son decisiones diferentes. La extensión hasta septiembre fue adoptada por ARCA y no depende de que el Congreso apruebe la nueva ley.
Quiénes podrían acceder si el Senado aprueba la reforma
El principal efecto práctico de Inocencia Fiscal II sería ampliar sustancialmente el universo de personas que pueden utilizar la modalidad simplificada.
Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes que actualmente quedan excluidas exclusivamente por superar los $1.000 millones de ingresos o los $10.000 millones de patrimonio dejarían de tener esas barreras económicas.
Los Grandes Contribuyentes Nacionales también podrían ingresar al sistema para utilizar la determinación simplificada, aunque sin acceder a las presunciones y protecciones especiales.
Los funcionarios y exfuncionarios comprendidos por la restricción de cinco años se encontrarían en una situación semejante: podrían utilizar el mecanismo operativo, pero quedarían excluidos de los beneficios destinados a proteger al contribuyente frente a determinadas fiscalizaciones.
De esta manera, el proyecto separa dos conceptos que hasta ahora estaban más estrechamente vinculados: utilizar una declaración simplificada y recibir las garantías especiales asociadas a ella.
Qué falta para que Inocencia Fiscal II sea ley
Después de la aprobación en Diputados, el próximo paso corresponde al Senado.
La Cámara alta deberá tratar el proyecto y puede aprobarlo, rechazarlo o modificarlo.
Si lo aprueba sin cambios, la iniciativa quedará en condiciones de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Si introduce modificaciones, el expediente regresará a Diputados y la Cámara de origen deberá resolver sobre esos cambios.
Hasta completar ese recorrido, los actuales topes y condiciones continúan vigentes.
La diferencia es que el Gobierno obtuvo una señal política relevante en Diputados: consiguió reunir 139 votos para una reforma que inicialmente había generado objeciones sobre funcionarios, grandes contribuyentes y alcance de las protecciones fiscales.
Las modificaciones introducidas durante el trabajo de comisión permitieron ampliar el respaldo y llevar al recinto una versión diferente de la propuesta presentada originalmente.
El vínculo con la reforma del Banco Central
Inocencia Fiscal II fue aprobada durante la misma sesión en la que Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Segundo Enfoque explicó en detalle qué cambia con la reforma del BCRA aprobada por Diputados, otra de las iniciativas económicas que el oficialismo logró enviar al Senado.
Los proyectos actúan sobre ámbitos diferentes, pero comparten parte de la orientación económica del Gobierno.
La reforma del Banco Central intenta incorporar restricciones institucionales sobre emisión monetaria, financiamiento al Tesoro, utilización de reservas y funcionamiento de sus autoridades.
Inocencia Fiscal II, por su parte, modifica la relación entre el organismo recaudador y los contribuyentes, con el argumento de reducir incertidumbre y favorecer la formalización de capital.
La discusión que comenzó antes de la votación
La aprobación de esta semana no apareció de manera aislada.
La Cámara de Diputados ya había debatido previamente la iniciativa y sus modificaciones. Segundo Enfoque siguió ese proceso en la cobertura del debate de Inocencia Fiscal II en Diputados.
Durante el tratamiento en comisión, el oficialismo debió negociar cambios para conseguir acompañamiento de bloques aliados.
La exclusión de los funcionarios de los beneficios especiales y la incorporación de reducciones de multas para pequeños contribuyentes fueron dos de las modificaciones que surgieron de ese proceso.
El resultado de 139 votos confirma que esos cambios permitieron construir una mayoría suficiente para obtener la media sanción.
Una reforma que amplía el régimen pero no elimina controles
El debate de Inocencia Fiscal II gira alrededor de un equilibrio central: cuánto debe conocer y controlar el Estado para cobrar correctamente los impuestos y cuánto margen de discrecionalidad debe tener para investigar a una persona que ya presentó y pagó una declaración.
El proyecto intenta desplazar ese equilibrio hacia reglas más previsibles para el contribuyente.
Elimina límites de entrada vinculados a ingresos y patrimonio, establece parámetros cuantitativos para las discrepancias, ofrece mecanismos de subsanación y coloca la carga de demostrar las irregularidades sobre ARCA.
Al mismo tiempo, mantiene facultades de fiscalización cuando aparecen diferencias significativas, documentación apócrifa u otras circunstancias previstas por la legislación.
También conserva tratamientos más restrictivos para Grandes Contribuyentes y para funcionarios públicos.
Por eso, el alcance real de la reforma no puede resumirse simplemente como una eliminación de controles. El cambio está principalmente en las condiciones y evidencias que ARCA necesita para ampliar una fiscalización y desconocer la protección asociada al sistema simplificado.
El Senado tendrá ahora la decisión
La media sanción permite al Gobierno cerrar una primera etapa legislativa, pero no define todavía el resultado final.
El Senado deberá decidir si mantiene la eliminación de los topes, las restricciones a funcionarios, el tratamiento de Grandes Contribuyentes, las reglas sobre discrepancias y el esquema de reducción de multas aprobado en Diputados.
Hasta que eso ocurra, una persona interesada en el régimen simplificado debe guiarse por la normativa vigente y por las disposiciones actuales de ARCA.
La ampliación prometida por Inocencia Fiscal II todavía depende de la sanción definitiva.
Lo que sí quedó establecido después de la votación es el texto que superó la Cámara de Diputados: 139 legisladores respaldaron una reforma que busca eliminar los límites de ingresos y patrimonio, reducir la discrecionalidad fiscal y ofrecer mayores garantías a quienes utilicen el régimen simplificado, mientras conserva restricciones específicas para funcionarios y Grandes Contribuyentes.
Con el expediente camino al Senado y con la presentación de Ganancias 2025 prorrogada hasta el 22 de septiembre, las próximas semanas serán decisivas para determinar qué parte de esas nuevas reglas terminará incorporándose de manera definitiva al sistema tributario argentino.