La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a colocar la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de los programas sociales en el centro de su discurso político durante una gira por Río Grande, Zacatecas. En el acto, realizado el 11 de julio de 2026, la mandataria entregó tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y sostuvo que el apoyo económico dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años no debe interpretarse como una concesión gubernamental, sino como un reconocimiento a décadas de trabajo doméstico y de cuidados.
La actividad reunió dos de las principales líneas argumentales del denominado “segundo piso” de la Cuarta Transformación: la reivindicación de México como un país independiente frente a las presiones externas y la expansión de los programas de transferencias directas administrados por el Gobierno federal.
“En la Cuarta Transformación luchamos porque México sea un país independiente, soberano. Luchamos por la libertad, la justicia social y la democracia”, expresó Sheinbaum durante el evento, según la versión difundida por la Presidencia y reproducida por medios mexicanos. La presidenta también afirmó que “no hay nada que detenga” a las mujeres ni al conjunto de la sociedad mexicana.
El mensaje fue pronunciado en un momento de renovadas tensiones políticas entre México y Estados Unidos, especialmente por la intervención de agencias estadounidenses en operaciones relacionadas con el narcotráfico, el tratamiento de los migrantes mexicanos y las investigaciones que alcanzan a dirigentes de Morena.
Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar
Durante la actividad en Río Grande, Claudia Sheinbaum entregó nuevas tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa federal dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que 36.205 mujeres reciben actualmente este beneficio en Zacatecas. Cuando cumplen 65 años, las beneficiarias pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que alcanza a 205.340 habitantes del estado.
La Pensión Mujeres Bienestar otorga en 2026 un pago de 3.100 pesos mexicanos cada dos meses. El Gobierno federal proyectó una cobertura superior a 3,4 millones de beneficiarias en todo el país y destinó un presupuesto anual de más de 56.000 millones de pesos al programa.
La transferencia se deposita directamente en una cuenta del Banco del Bienestar. Este mecanismo forma parte del modelo de distribución sin intermediarios impulsado desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ampliado durante la administración de Sheinbaum.
La presidenta presentó el programa como un reconocimiento económico al trabajo que numerosas mujeres desarrollaron durante décadas dentro de sus hogares, muchas veces sin salario, aportes previsionales ni acceso posterior a una jubilación contributiva.
“La Pensión Mujeres Bienestar no es una dádiva, es un derecho de las mexicanas”, afirmó Sheinbaum ante las beneficiarias reunidas en Zacatecas. También definió la prestación como una pensión universal que debe llegar a las mujeres de las 32 entidades federativas, incluidas aquellas que viven en comunidades rurales y regiones apartadas.
El reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados
El argumento utilizado por Sheinbaum se apoya en una desigualdad estructural ampliamente documentada por los organismos estadísticos mexicanos: las mujeres dedican considerablemente más tiempo que los hombres a las tareas domésticas, al acompañamiento de personas enfermas, al cuidado infantil y a la asistencia de adultos mayores.
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, determinó que las mujeres dedicaron un promedio de 39,7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario. Los hombres destinaron 18,2 horas, lo que representa una diferencia de 21,5 horas semanales.
El mismo estudio estimó que las mujeres dedicaron el 66,8% de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas, mientras que en el caso de los hombres esa proporción fue del 33,2%.
La dimensión económica de esas tareas también resulta significativa. Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, el valor de las labores domésticas y de cuidados alcanzó aproximadamente ocho billones de pesos en 2024, una cifra equivalente al 23,9% del producto interno bruto nacional.
Las mujeres generaron el 72,6% de ese valor económico y los hombres el 27,4%. En términos agregados, el aporte femenino fue 2,7 veces superior al masculino.
Estos datos permiten dimensionar el fundamento social utilizado para justificar la Pensión Mujeres Bienestar. Una parte relevante de las actuales beneficiarias permaneció fuera del mercado laboral formal o tuvo trayectorias discontinuas debido a responsabilidades familiares.
Al no haber realizado aportes suficientes a los sistemas de seguridad social, muchas mujeres llegan a los 60 años sin jubilación contributiva, ahorros propios o ingresos laborales estables. Además, enfrentan mayores dificultades para conseguir empleo por razones vinculadas con la edad, la informalidad y la persistencia de desigualdades de género.
La transferencia de 3.100 pesos bimestrales no reemplaza un ingreso laboral ni garantiza por sí sola la independencia económica. Sin embargo, el Gobierno la presenta como un piso de protección durante el período comprendido entre los 60 años y el acceso a la pensión universal para adultos mayores a los 65.
¿Es realmente un derecho constitucional?
La declaración de Sheinbaum sobre el carácter de “derecho” de la Pensión Mujeres Bienestar requiere una precisión jurídica.
El programa funciona actualmente mediante partidas incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y bajo reglas de operación emitidas por la Secretaría de Bienestar. Las reglas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de ese año.
Esto permite que las mujeres que cumplen los requisitos establecidos sean consideradas derechohabientes del programa mientras este permanezca vigente y financiado. Sin embargo, la Pensión Mujeres Bienestar todavía no tiene la misma protección constitucional explícita que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
El artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce que las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva del Estado. También establece protecciones para las personas con discapacidad y un sistema de becas para estudiantes de la educación pública.
La propia plataforma oficial de Programas para el Bienestar identifica a la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y determinadas becas como programas con respaldo constitucional. En esa enumeración, la Pensión Mujeres Bienestar aparece entre los nuevos programas creados durante la administración de Sheinbaum, pero no entre aquellos que ya cuentan con una disposición constitucional específica.
En febrero de 2026, legisladores del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa para modificar el artículo 4 y elevar expresamente a rango constitucional la pensión destinada a las mujeres de entre 60 y 64 años.
La propuesta sostuvo que el carácter programático actual deja el beneficio expuesto a modificaciones presupuestarias, cambios administrativos o decisiones de futuras administraciones. La iniciativa busca garantizar su permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad.
Por lo tanto, la palabra “derecho” utilizada por Sheinbaum tiene actualmente una dimensión social, política y administrativa, pero todavía existe una diferencia con el blindaje constitucional del que goza la pensión para mayores de 65 años.
La distinción no significa que las beneficiarias carezcan de derechos frente a la administración pública. Sí implica que la continuidad del programa depende, en mayor medida, de la legislación presupuestaria, de las reglas operativas y de las decisiones del Gobierno federal.
La universalización de la Pensión Mujeres Bienestar
El programa comenzó con una implementación gradual. En su etapa inicial priorizó a mujeres de 63 y 64 años, además de habitantes de municipios indígenas y afromexicanos.
Posteriormente, el Gobierno adelantó la incorporación de las mujeres de 60, 61 y 62 años. La medida permitió alcanzar la cobertura completa del segmento comprendido entre los 60 y los 64 años antes del calendario inicialmente previsto.
Durante 2025, las beneficiarias recibían 3.000 pesos bimestrales. Para 2026, el monto aumentó a 3.100 pesos. Al alcanzar los 65 años, las mujeres pasan automáticamente a la pensión para adultos mayores, cuyo valor durante 2026 es de 6.400 pesos bimestrales.
La automaticidad de la transición busca evitar que las beneficiarias deban comenzar un nuevo proceso administrativo al cumplir la edad exigida por la pensión para personas adultas mayores.
Para ingresar al programa, las solicitantes deben presentar identificación oficial, Clave Única de Registro de Población, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto. La Secretaría de Bienestar organiza los períodos de inscripción y entrega de tarjetas mediante módulos distribuidos por el territorio mexicano.
La expansión del programa representa un cambio relevante dentro del esquema de protección social mexicano. Tradicionalmente, las pensiones estaban asociadas con aportes realizados durante una trayectoria laboral formal. Las pensiones no contributivas modifican ese criterio al financiarse con recursos generales del Estado.
El modelo permite incorporar a personas que permanecieron fuera de la seguridad social, aunque también abre el debate sobre el costo presupuestario, la focalización y los efectos de universalizar transferencias sin considerar el nivel de ingresos de cada beneficiaria.
Una investigación publicada en 2026 por Oscar Galvez-Soriano y Raymundo Ramirez Peralta analizó los efectos de la universalización de la pensión para adultos mayores implementada desde 2019. El estudio registró un fuerte aumento de la cobertura, aunque no encontró una reducción significativa de la pobreza general y advirtió posibles efectos sobre la participación laboral de algunos hogares de menores ingresos.
Los resultados corresponden a otro programa y no pueden trasladarse directamente a la Pensión Mujeres Bienestar. Sin embargo, reflejan la necesidad de evaluar las transferencias mediante indicadores que vayan más allá del número de personas incorporadas.
Entre los aspectos que deberán observarse aparecen la reducción de la dependencia económica, el acceso a alimentos y medicamentos, el impacto sobre la pobreza, la inclusión financiera y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre el uso del dinero.
Zacatecas como escenario político y social
La elección de Zacatecas para la entrega de tarjetas también tuvo relevancia política. Se trata de un estado con una importante población rural, una economía vinculada con la producción agropecuaria y una extensa tradición migratoria hacia Estados Unidos.
Durante el acto, Sheinbaum destacó que 16.000 productores de frijol fueron atendidos mediante el programa Precios de Garantía. La referencia permitió vincular la Pensión Mujeres Bienestar con una estructura más amplia de intervenciones federales que incluye Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Producción para el Bienestar.
El Gobierno de la Cuarta Transformación utiliza estas actividades territoriales para mostrar que los programas federales llegan directamente a las comunidades, sin depender de estructuras partidarias o intermediarios locales.
La presencia del gobernador David Monreal Ávila, dirigente perteneciente a Morena, reforzó la coordinación política entre el Gobierno federal y la administración estatal.
En Zacatecas, la pensión para mujeres de 60 a 64 años convive con la cobertura de más de 205.000 adultos mayores, lo que convierte a las transferencias sociales en un componente relevante de los ingresos familiares y del consumo local.
El efecto económico no se limita a las personas que reciben el depósito. En comunidades pequeñas, los recursos suelen utilizarse en comercios, farmacias, transporte y servicios de proximidad, generando una circulación que alcanza a otros sectores.
No obstante, el impacto real depende del poder adquisitivo del beneficio. Los 3.100 pesos bimestrales equivalen a poco más de 50 pesos diarios, por lo que funcionan como complemento y no como sustituto de una pensión contributiva, un salario o una política integral de cuidados.
El mensaje de Sheinbaum a maestras y maestros
La actividad en Río Grande también permitió que Sheinbaum renovara sus compromisos con el sector educativo.
La presidenta afirmó que su administración continuará con los aumentos salariales para maestras y maestros, el acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar y la regularización laboral del personal docente.
Según la información difundida por Presidencia, el Gobierno reportó más de 200.000 basificaciones durante la actual administración y sostuvo que se implementaron incrementos salariales del 10%.
Sheinbaum también informó que avanza una consulta escuela por escuela para conocer la posición del magisterio sobre la eventual desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, conocida como Usicamm.
La Usicamm administra procesos de admisión, promoción y reconocimiento dentro del sistema educativo. Desde su creación recibió críticas de organizaciones sindicales y docentes que cuestionan sus mecanismos de evaluación, la burocracia y la falta de transparencia en la asignación de plazas.
La mandataria recordó además la ampliación de la Beca Rita Cetina. De acuerdo con el anuncio realizado en Zacatecas, los estudiantes de primaria recibirán un apoyo anual de 2.500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.
La combinación de pensiones, becas, apoyos productivos y medidas salariales muestra la intención del Gobierno de integrar distintos grupos sociales dentro de una misma narrativa política: mujeres, docentes, productores rurales, jóvenes y adultos mayores aparecen como beneficiarios de un Estado con mayor participación redistributiva.
La soberanía como bandera de la Cuarta Transformación
El discurso sobre la soberanía nacional no fue una referencia aislada dentro de la gira de Claudia Sheinbaum.
Durante 2026, la presidenta utilizó reiteradamente ese concepto para responder a las presiones provenientes de Estados Unidos y defender la capacidad del Gobierno mexicano para resolver sus asuntos internos sin subordinación.
La relación bilateral atraviesa una etapa compleja. Washington mantiene sus reclamos por el tráfico de fentanilo, la actividad de los carteles y el control de la frontera. México, a su vez, exige acciones contra el tráfico de armas, rechaza cualquier intervención militar y reclama respeto para sus ciudadanos en territorio estadounidense.
El caso de Ismael “El Mayo” Zambada se transformó en uno de los principales símbolos de esa discusión. El dirigente del Cártel de Sinaloa fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024 mediante una operación cuyas circunstancias todavía generan controversias.
El Gobierno mexicano considera que la falta de información y la posible participación de actores estadounidenses constituyeron una afectación a la soberanía nacional. La captura también desencadenó una reorganización violenta dentro del Cártel de Sinaloa y enfrentamientos entre distintas facciones criminales.
Las investigaciones y acusaciones que involucran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros dirigentes vinculados con Morena profundizaron el conflicto político. La oposición acusa al oficialismo de utilizar la soberanía como argumento para proteger a funcionarios, mientras que Sheinbaum sostiene que México no defenderá a ninguna persona contra la que existan pruebas, pero tampoco aceptará decisiones unilaterales de otro país.
La presidenta combina esa posición con una política de cooperación bilateral. Su Gobierno mantiene reuniones de seguridad, intercambia información y participa en operativos contra el crimen organizado, aunque insiste en una fórmula que se convirtió en principio diplomático de su administración: coordinación sin subordinación.
La defensa de los migrantes mexicanos también forma parte de este marco. En julio de 2026, Sheinbaum anunció acciones jurídicas después de la muerte de un ciudadano mexicano bajo intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. La mandataria vinculó estos casos con la necesidad de proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos que trabajan al norte de la frontera.
Política social y nacionalismo en un mismo discurso
En Río Grande, Sheinbaum articuló la defensa de la soberanía con la entrega de una transferencia económica. La combinación busca presentar a la Cuarta Transformación como un proyecto que protege al país frente a las presiones externas y, al mismo tiempo, amplía la presencia del Estado en la vida cotidiana.
La soberanía aparece así en dos dimensiones. Una es territorial y diplomática: México debe mantener la capacidad de decidir sobre seguridad, migración y política exterior. La otra es social: un país independiente, de acuerdo con el discurso oficial, necesita garantizar ingresos, educación y protección económica a su población.
Esta interpretación se diferencia de una visión limitada de la soberanía basada exclusivamente en fronteras, fuerzas armadas o relaciones internacionales. Para Sheinbaum, el concepto también abarca la justicia social, la democracia y la redistribución de recursos públicos.
La oposición cuestiona esa asociación y advierte que los programas sociales pueden convertirse en instrumentos de lealtad electoral, especialmente cuando los actos de entrega incluyen mensajes partidarios o referencias explícitas a la Cuarta Transformación.
Las reglas oficiales establecen que los programas son públicos, ajenos a cualquier partido político y no pueden utilizarse con fines diferentes al desarrollo social. La entrega directa a través del Banco del Bienestar intenta reducir la intervención de organizaciones políticas, gobiernos locales y gestores particulares.
El desafío consiste en separar institucionalmente el acceso al beneficio de la adhesión al proyecto gobernante. La universalidad declarada implica que una mujer debe poder recibir la pensión con independencia de sus preferencias electorales, su lugar de residencia o su relación con las autoridades.
La consolidación del programa también dependerá de la sostenibilidad fiscal. El presupuesto superior a 56.000 millones de pesos previsto para 2026 representa un compromiso permanente que aumentará con la incorporación de nuevas generaciones y los futuros ajustes por inflación.
La posible constitucionalización incrementaría la protección jurídica de las beneficiarias, pero también limitaría el margen de futuras administraciones para modificar el gasto. Esa tensión entre derechos sociales, disponibilidad presupuestaria y evaluación de resultados formará parte del debate legislativo.
El “segundo piso” de la transformación
La gira por Zacatecas expuso la forma en que Claudia Sheinbaum busca diferenciar su administración sin romper con el legado de Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta mantiene los programas sociales creados durante el sexenio anterior, pero incorpora políticas identificadas con su propia agenda, entre ellas la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa.
La elección de una pensión dirigida específicamente a mujeres permite reforzar la identidad de Sheinbaum como primera presidenta de México. El programa conecta esa condición histórica con una política concreta orientada a una generación que tuvo menor acceso al empleo formal, a la seguridad social y a la autonomía económica.
La frase “no es una dádiva” busca modificar la manera en que se interpretan las transferencias estatales. En lugar de presentarlas como asistencia para sectores vulnerables, el Gobierno las define como una compensación social y un derecho derivado del aporte realizado por las mujeres a sus familias y comunidades.
El alcance de esa definición dependerá de la evolución legislativa. Mientras la iniciativa para incorporar la Pensión Mujeres Bienestar a la Constitución continúe pendiente, el programa conservará un respaldo presupuestario y administrativo, pero no tendrá exactamente el mismo blindaje jurídico que la pensión universal para mayores de 65 años.
En Río Grande, Sheinbaum utilizó la entrega de tarjetas para establecer una definición más amplia de su proyecto: soberanía frente al exterior, continuidad de los programas sociales, reconocimiento del trabajo de cuidados y presencia territorial del Gobierno federal.
La escena sintetizó la estrategia política de la mandataria. La defensa de México frente a las presiones internacionales y la expansión del Estado de bienestar no aparecen como agendas separadas, sino como componentes de una misma identidad gubernamental bajo el sello de la Cuarta Transformación.