La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 24 de junio de 2026 el proyecto conocido como Súper RIGI, uno de los instrumentos más ambiciosos de la agenda económica del gobierno de Javier Milei. Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa pasó al Senado para su tratamiento definitivo. El debate dejó al desnudo diferencias profundas entre quienes ven en el régimen una palanca de desarrollo histórico y quienes lo critican como un privilegio fiscal para grandes corporaciones extranjeras. Lo que está en juego no es menor: miles de millones de dólares en potenciales inversiones en sectores que hoy no tienen presencia industrial significativa en el país.
Qué es el Súper RIGI y en qué se diferencia del RIGI original
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado popularmente como Súper RIGI, es una extensión y profundización del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que el Congreso aprobó en 2024 como parte de la Ley de Bases. Mientras el RIGI original fijaba montos mínimos de inversión de entre USD 200 y USD 600 millones según el sector, el Súper RIGI eleva ese umbral a USD 1.000 millones por proyecto, apuntando a captar capitales de escala verdaderamente global.
Pero la diferencia no es solo de monto: el Súper RIGI se enfoca en sectores que el gobierno denomina «industrias del futuro», aquellos que no cuentan con antecedentes de desarrollo en el país o que se encuentran en fases experimentales a nivel mundial. Se trata de un régimen diseñado para atraer a empresas multinacionales de primera línea que hoy están eligiendo entre distintos destinos latinoamericanos —Chile, Brasil, Colombia— para instalar infraestructura de alto impacto tecnológico y energético. Argentina quiere competir en esa liga y el Súper RIGI es su carta de presentación.
Qué sectores pueden acceder al Súper RIGI
La iniciativa apunta a atraer proyectos en sectores considerados estratégicos para la economía del siglo XXI. Entre los más destacados figuran la inteligencia artificial y los data centers, la fabricación de baterías de litio, los paneles solares, las turbinas eólicas y los desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. También quedan incluidos la fabricación de semiconductores, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los reactores nucleares modulares de pequeña escala y otras industrias que el Ejecutivo considera prioritarias para la transición energética y la revolución digital.
La lógica detrás de la selección de sectores es clara: Argentina tiene ventajas comparativas naturales que hoy están subaprovechadas. El país posee las mayores reservas de litio del mundo, recursos de uranio de calidad, una de las mejores condiciones de viento en la Patagonia para generación eólica y un enorme potencial solar en el norte. El capital humano en tecnología e ingeniería tampoco es menor. El problema histórico ha sido la falta de certeza jurídica y la inestabilidad macroeconómica. El Súper RIGI busca compensar ambos déficits con un paquete de beneficios que el Ejecutivo califica de «sin precedentes en la historia argentina».
Los beneficios fiscales que ofrece el nuevo régimen
El paquete de incentivos del Súper RIGI es amplio y cubre prácticamente todas las dimensiones de la carga tributaria que enfrenta una gran empresa. En materia impositiva, el esquema reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% vigente al 15%, incorpora un sistema de amortización acelerada de activos, permite deducir quebrantos sin límite temporal y fija una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas. Para los críticos del régimen, esta diferencia resulta llamativa: un trabajador asalariado de ingresos medios-altos puede tributar hasta el 35% en el mismo impuesto.
En el frente comercial, el Súper RIGI elimina las retenciones a las exportaciones para los proyectos adheridos y garantiza arancel cero para las importaciones de bienes de capital e insumos estratégicos. A nivel subnacional, establece un tope del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen y prohíbe la aplicación de tasas municipales sobre ventas. Todos estos beneficios tienen una vigencia de 30 años a partir de la aprobación del proyecto de inversión, lo que busca dar certeza de larguísimo plazo a los inversores. Esa estabilidad fiscal es, según el gobierno, el diferencial clave frente a los regímenes de otros países de la región.
El debate político y las críticas de la oposición
La aprobación en Diputados no estuvo exenta de controversia. Según informó La Nación, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la UCR y distintos bloques de partidos provinciales para alcanzar los 130 votos afirmativos. La oposición kirchnerista y sectores del socialismo votaron en contra y concentraron sus críticas en dos ejes: la asimetría tributaria respecto a los trabajadores y los supuestos beneficios desproporcionados para corporaciones transnacionales en detrimento de las empresas nacionales ya instaladas.
Un argumento que circuló con fuerza entre los opositores es que el Súper RIGI podría generar competencia desleal para empresas españolas, brasileñas y argentinas que ya operan en sectores como energía, telecomunicaciones o servicios financieros, dado que estas últimas tributarían bajo el esquema general mientras los nuevos entrantes lo harían al 15%. La patronal española alertó que firmas como Telefónica, BBVA y Repsol podrían verse en desventaja respecto a nuevos competidores que adhieran al régimen. El gobierno, en cambio, sostiene que el impacto positivo en términos de empleo, tecnología y divisas justifica ampliamente la diferenciación.
Por qué Milei apuesta al Súper RIGI como motor de inversión
Para el gobierno de Javier Milei, el Súper RIGI es una pieza central de su estrategia de inserción de Argentina en la economía global del siglo XXI. El argumento oficial es que el país tiene recursos naturales y capital humano de primer nivel para convertirse en un hub de tecnología, energía limpia e infraestructura digital, pero que necesita reglas claras, estables y competitivas para atraer la inversión que esa transformación requiere. Sin incentivos extraordinarios, la Argentina pierde ante destinos que ofrecen más certeza y menos burocracia.
La apuesta es que inversiones de USD 1.000 millones o más en sectores como data centers o fábricas de baterías generen un efecto multiplicador: creación de empleo de alta calificación, transferencia de tecnología, desarrollo de proveedores locales y divisas genuinas vía exportaciones. El gobierno también calcula que el éxito del Súper RIGI podría mejorar las calificaciones de riesgo soberano de Argentina, reducir el costo de financiamiento externo y enviar una señal potente a los mercados internacionales de que el país está en un proceso de transformación estructural real y no de corto plazo.
Qué pasa ahora: el camino al Senado y los plazos
Con la media sanción de Diputados obtenida el 24 de junio, el proyecto del Súper RIGI pasó al Senado para su tratamiento definitivo. El gobierno espera que la Cámara alta lo apruebe antes del receso de julio, aunque el debate promete ser igualmente intenso dado que la oposición mantiene posiciones similares a las expresadas en la Cámara baja. El oficialismo confía en tener los números necesarios pero reconoce que habrá presión para introducir modificaciones.
Si el Senado aprueba el proyecto sin cambios, la ley quedará promulgada y el Ejecutivo podrá comenzar a recibir presentaciones de empresas interesadas. Si el Senado introduce modificaciones, el proyecto deberá volver a Diputados para una segunda vuelta, lo que demoraría los plazos. Lo que está claro es que el Súper RIGI ya generó interés en el mercado: según versiones que circularon en el ámbito empresarial, al menos tres compañías tecnológicas globales habrían expresado interés preliminar en proyectos de data centers en Argentina si el régimen queda aprobado. Los próximos meses definirán si esa promesa se traduce en contratos concretos y en inversiones reales.